Redacción
Cambridge, Massachusetts; 8 de junio de 2021.- El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso descartó haber sido omiso o falseado información en sus declaraciones patrimoniales cuando se desempeñó como servidor público, por lo que anunció que impugnará la resolución emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para inhabilitarlo por diez años para desempeñar cualquier encargo dentro del ámbito gubernamental.
En la víspera, la dependencia federal determinó inhabilitar por 10 años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por acreditarse la falta de veracidad en sus declaraciones patrimoniales de tres años consecutivos, cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores y como secretario de Hacienda y Crédito Público.
A través de sus redes sociales, Luis Videgaray precisó que la dependencia federal lo considera administrativamente responsable de omitir la manifestación de “cuentas bancarias”, lo que en realidad se refiere a tarjetas de crédito, que no tenían saldo deudor a la fecha de reporte de cada declaración.
El excanciller mexicano sostuvo que, las tarjetas de crédito de las reconoce es titular, sí fueron referidas en las declaraciones patrimoniales, aunque las mismas no fueron incluidas en el apartado de pasivos por no tener saldo deudor, “pero sí son mencionadas en el apartado de observaciones y aclaraciones”, subrayó.
“Las declaraciones son veraces, pues no se ocultaron pasivos, y evidentemente no hubo intención de ocultar información patrimonial a la SFP, pues de las tarjetas de crédito sí se mencionan en la propia declaración, en otro apartado”, abundó.
Videgaray Caso resaltó que la propia SFP expresamente reconoce que no obtuvo ningún beneficio o lucro derivado de la supuesta falta de veracidad en las declaraciones, y que no se generó ningún daño o perjuicio económico.
Reconoció la lucha contra la corrupción que encabeza el presidente López Obrador, tras insistir que impugnará la resolución por la vía institucional, con pleno respeto a la Secretaría de la Función Pública y sin litigar el asunto en los medios de comunicación o en las redes sociales.
