Redacción

Toluca, Edomex; 28 de marzo de 2024.- El caso de los cuatro polleros secuestrados en Toluca el pasado mes de diciembre ha dado un giro para las autoridades policíacas del Estado de México; al pasar de víctimas a victimarios, y señalarlos como responsables del delito de extorsión en agravio de comerciantes minoristas del Valle de Toluca.

El pasado 22 de diciembre, cuatro empleados de una pollería localizada en la capital mexiquense, fueron encañonados y secuestrados por cinco hombres encapuchados, presuntamente pertenecientes a la Familia Michoacana. Los propietarios de la pollería denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia ser víctimas de extorsión por parte del crimen organizado en el desarrollo de sus actividades comerciales.

Hace un par de semanas, los cuatro polleros fueron localizados y rescatados, informó la Secretaría de Seguridad mexiquense. A través de un comunicado, la dependencia señaló que por medio de un operativo se logró el rescate de Rigoberto Colin, Isidro Díaz, Jaime Reyes y Eliseo Escobar, quienes fueron privados de su libertad desde el mes de diciembre.

Los cuatro vendedores de pollo fueron rescatados al sur del Estado de México, en donde, por labores de inteligencia, se habían visualizado movimientos relacionados con la reubicación de estas personas que fueron secuestradas.

Sin embargo, la mañana de este jueves, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana Federal y de la Secretaría de Seguridad estatal, aseguraron dos inmuebles en el municipio de Toluca posiblemente relacionados con extorsión derivado de prácticas de acaparamiento.

De acuerdo a las indagatorias desarrolladas por la Fiscalía General de Justicia, diversos comerciantes minoristas eran obligados a comprar pollo en estos lugares y pagar una cuota de 48 pesos por kilo a cambio de no hacerles daño.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Justicia confirmó que, el 22 de diciembre pasado, en uno de los inmuebles fueron privados de la libertad cuatro trabajadores de ese establecimiento, quienes ahora están sujetos a la investigación ministerial por obligar a vendedores del Valle de Toluca a comprar el producto en dichos establecimientos.