Redacción
Toluca, Edomex 26 de febrero del 2019.- La Auditoria Superior de la Federación (ASF) presume un probable daño patrimonial por más de 4 mil 306 millones de pesos por recursos que se aplicaron indebidamente por el gobierno del Estado de México, durante 2017, el último año de gestión de Eruviel Ávila como gobernador.
En su tercer y último informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF pidió a la Secretaría de la Contraloría del Estado iniciar más de 15 procedimientos administrativos sancionadores contra servidores públicos que incurrieron en irregularidades en el ejercicio de estos recursos de índole federal.
Las anomalías encontradas de acuerdo a 19 pliegos de observaciones hechos al gobierno mexiquense consisten en irregularidades en el pago de nómina, en el uso de recursos del Fondo de Educación, principalmente por los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), aplicación de recursos del Fondo Metropolitano y de un crédito contratado con Banobras en 2017; así como la falta de documentación que compruebe el destino de las participaciones federales.
Precisamente esta última irregularidad es la que comprende el mayor número de recursos pues son mil 261 millones de pesos, que se desconoce el destino, pues no existe documentación que sustente su aplicación.
Otra de las observaciones que comprenden más de mil millones de pesos, es la hecha a la Secretaría de Finanzas por mil 273 millones de pesos, pues se presentó documentación comprobatoria que no acreditan corresponder a los recursos del Programa de Diseño de la Política de Ingresos.
Existen varios pliegos de observaciones relacionados con pagos indebidos de nómina. En la observación tres, correspondiente a la auditoria 866, se habla de un perjuicio a la Hacienda Pública por 219 millones 471 mil pesos “por pagos en exceso en la percepción denominada sueldo base”.
En la auditoría 879 se observaron 14 millones 388 mil pesos por concepto de pagos a 47 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a la educación básica, como era el origen de las plazas. Otra de las observaciones en esa misma auditoría al ejercicio del gasto educativo, se señala el probable perjuicio a la hacienda pública por 2 millones 154 mil pesos por pagos a personas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, de los que no se proporcionaron elementos que acreditaran que los servidores públicos laboraron durante 2017 en los centros de trabajo en los que estuvieron adscritos.
Existe otra observación por dos millones 353 mil por pagos indebidos a 105 trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo y otra por 14 millones 787 mil por pagos indebidos a 923 trabajadores después de su fecha de baja.
Además se encontró un presunto desfalco por 109 mil pesos por pagos de trabajadores que no fue localizado ni identificado en los centros de trabajo.
En la observación 15, correspondiente a la auditoría 869, se presume daño a la hacienda pública, pues de 724 millones de pesos que se obtuvieron por un crédito contratado a Banobras estos se trasfirieron a cuentas de terceros, de los cuales no se transparentó ni acreditó el destino de los recursos a inversión pública, como lo autorizó la Legislatura. 265 millones fueron a parar a una cuenta del gobierno del estado; 258 millones a la Junta de Caminos y 108 millones a una cuenta del ayuntamiento de Ecatepec, pero ninguna de estas entidades acreditó el destino de los recursos.
Una de las observaciones es por 30 millones y medio de pesos, por pago a proveedores y contratistas con recursos del Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa (Fone), por gastos de operación y colocación de plantas y árboles de ornato; por reparación y conservación de áreas verdes del edificio central del SEIEM y por reparación del piso de concreto del estacionamiento de esa dependencia.
Sobre las inconsistencias encontradas en el Fondo Metropolitano se observa la aplicación de 32 millones de pesos, de los cuales 17 millones fueron asignados al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico de la entidad y 15 millones más se asignaron a la Comisión del Agua del Estado de México. Como no hay documentación que acredite el ejercicio de estos recursos, se pidió el reintegro del mismo a la Tesorería de la Federación, pero tampoco hay registro de que eso haya ocurrido.
