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Vinculan a proceso penal a otros tres agentes ministeriales acusados de tortura por caso Tlatlaya

Redacción

Almoloya de Juárez, Edomex. 15 de julio de 2015.- Tres policías ministeriales fueron vinculados a proceso por el delito de tortura en agravio de tres mujeres testigos presenciales de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército Mexicano en contra de 22 presuntos criminales ocurridas el 30 de junio de 2014.

Con la determinación del juzgado de control de distrito con sede en Toluca ya suman siete los funcionarios de la procuraduría de justicia de la entidad sujetos a proceso penal por tortura; además de una agente del ministerio público por abuso de autoridad.

Caso Tlatlaya. Avanza indagatoria.
Caso Tlatlaya. El proceso penal. Foto Agencia MVT.

Los integrantes de la Procuraduría de Justicia del Estado de México están acusados de haber participado en exceso de sus atribuciones durante las primeras diligencias de la investigación por el asesinato de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, que inicialmente la Secretaría de la Defensa Nacional trató pasar como un enfrentamiento entre fuerzas castrenses y un grupo criminal.

Al cumplirse un año de la matanza de Tlatlaya, la Procuraduría de Justicia del estado ejercitó acción penal contra estos ocho servidores públicos, pero en tres casos, el juez negó la orden de aprehensión por considerar que no había elementos para presumir su responsabilidad en el delito de tortura.

Con posterioridad, el Ministerio Pública afianzó las acusaciones en contra de dichos agentes ministeriales, contra quienes anoche se decretó el auto de vinculación a proceso.

Al igual que sus otros cinco compañeros acusados de tortura, los ministeriales enfrentarán el proceso penal en libertad por considerarse un delito no grave, aunque en la víspera debieron pagar una fianza para evitar ser ingresados al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

El proceso penal deberá concluir en un plazo de cuatro meses para que la Procuraduría finalice la integración del expediente, lo que contempla que para diciembre inicie de manera formal el juicio oral por tortura.

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