Redacción
La recurrente aparición de ejecutados y descuartizados en los municipios del Valle de Toluca, ha obligado a las autoridades estatales y municipales a cambiar su política de comunicación social para abordar el preocupante tema de violencia y criminalidad que azota a esta región del estado.
El argumento de que se trata de hechos aislados ha sido rebasado y ahora, desde la esfera oficial, intentan introducir en el imaginario colectivo de que todo se reduce a una disputa entre los grupos de la delincuencia organizada y que las víctimas de este baño de sangre, son nada menos que personas que se dedicaban a delinquir.
La situación de criminalidad en Toluca y sus alrededores ha cobrado niveles de alarma. Nunca antes se había registrado en tan poco tiempo tantos muertos como en el inicio del 2013. En 23 días, ya suman más de 38 víctimas de homicidios dolosos con el sello de los grupos del narcotráfico.
Ante lo inocultable de la situación, el gobierno del estado y los municipios de la zona han unificado el discurso para matizar la gravedad de la situación que se vive en Toluca, Metepec y Zinacantepec, entre otros.
Desde las altas esferas se ha corrido la instrucción de que la violencia no tiene su origen en la capital del estado ni su zona conurbada, sino más bien en el sur de la entidad, donde la presencia de grupos como la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Guerreros Unidos operan desde hace meses y años.
Tan sólo ayer, en distintos hechos se encontraron 12 cadáveres, que en todos los casos presentaban huellas de ejecución características del crimen organizado en la capital mexiquense, lo que convirtió en una de las jornadas más violentas de lo que se tenga memoria en una ciudad antes identificada por su tranquilidad.
La autoridad estatal decidió dar a conocer la detención de once sujetos, presuntos integrantes de la Familia Michoacana, que habrían sido los responsables de abandonar siete cadáveres al interior de un auto Jetta, el pasado 14 de enero en Zinacantepec.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme dijo que tras el interrogatorio al que fueron sometidos los detenidos, antes de ser puestos a disposición del ministerio público, estos reconocieron que la muerte de estas personas las perpetraron en Temascaltepec, en el sur del estado y que sólo usan el Valle de Toluca para venir a dejar los cadáveres.
Ya el martes, la alcaldesa de Zinacantepec, Olga Hernández Martínez, había dicho ante empresarios de la Cámara de Comercio de Toluca, que Zinacantepec era sólo paso de los grupos de la delincuencia organizada hacia el sur, y que “lamentablemente también se ha convertido en tiradero de cadáveres”.
Para cerrar la pinza y reforzar el mensaje a la opinión pública, la presidenta municipal de Toluca, Martha Hilda González Calderón también hizo su parte. Primero se desmarcó de toda responsabilidad en los hechos, porque situaciones de este tipo son facultad de la Secretaría de Seguridad y no del municipio, dijo, pero añadió: “hasta donde sé, las personas (ejecutadas y descuartizadas) no son de Toluca, más bien están siendo dejadas aquí, aquí las vienen a tirar”, sentenció.
Los tres funcionarios aseguraron que difícilmente aquí ocurren este tipo de acontecimientos violentos, sino más bien son importados del sur del estado, donde aseguran, las bandas delincuenciales se disputan el control de la venta y distribución de la droga.
Lo que es cierto es que la gente común y corriente ya no se siente segura ni en la capital ni en sus alrededores; ni en el sur del estado, ni en el oriente. La situación de violencia se ha extendido por todo el territorio estatal y ahora sí se puede decir que literalmente es un asunto de Estado.