Redacción
El próximo 2 de Enero de 2012, el Instituto Electoral del Estado de México arrancará formalmente un nuevo proceso electoral en la entidad, cuando apenas en 2011 sorteó la elección de gobernador que resultó en un aplastante triunfo del actual mandatario priísta Eruviel Ávila Villegas, frente a una oposición apabullada, dividida y con aciagos momentos de recuperación en el terreno político rumbo a los comicios de julio próximo.
En 2009, contra todo pronóstico el priísmo tuvo un triunfo abrumador en el territorio mexiquense, al lograr la victoria en 97 ayuntamientos, 40 distritos locales -de 45-, y en 38 distritos federales -de 40-. Culminó así la hegemonía del PAN en el denominado corredor azul -conformado por municipios como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán-; y cerró la brecha en el cinturón amarillo -dominado por el PRD en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco-.
La maquinaria electoral priísta se ha robustecido con la presencia gubernamental y la ampliación en las estructuras partidistas. El triunfo de 2011 da muestra de ello, con una cifra histórica de más de 3 millones de votos a favor de Eruviel Ávila, se impuso triunfante en los 45 distritos electorales y en 124 de los 125 municipios que conforman la entidad.
Frente a ese panorama, la oposición -PAN y PRD principalmente- tienen por delante un escenario desolador, con la necesidad por recuperar espacios perdidos y recuperar los equilibrios políticos en la Legislatura del Estado de México, actualmente con mayoría absoluta a favor del PRI y sus aliados políticos: PANAL y PVEM.
Para colmo de males, el Instituto Electoral del Estado de México responde a los intereses del gobierno, carente de una real autonomía en sus decisiones, y favorecedor del partido en el poder, el PRI.
Además en una situación ventajosa, desde 2011, el PRI modificó la ley electoral para que las campañas proselitistas se redujeran en tiempo, que tendrán una duración de escasos 35 días, del 24 de mayo al 27 de junio, lo que juega a favor de quien tiene mejor y mayor estructura de partido.
Por ahora, las denominadas candidaturas comunes han quedado eliminadas del tablero electoral, a partir de la reforma nombrada como Ley Peña.
También ha quedado pendiente la redistritación electoral, que exige una nueva demarcación geográfia en la representación de los comicios para diputados locales, ya que actualmente esa referenciación territorial se tiene con base en el censo de población de 1995, lo que supone una sobrerepresentación de los legisladores electos en zonas rurales. Esa condición, para no variar, beneficia al PRI, que con amplia injerencia en las autoridades electorales obstaculizó la redistritación pendiente.
Con todo ello, la oposición se enfrentará en una competencia desventajosa e inequitativa para renovar los puestos de elección popular en 2012.
