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Francisco Paredes

Toluca, Edomex, a 14 de noviembre del 2016. –  El estado de México es la entidad donde se cometen más delitos en todo el país, derivado de que es el territorio más poblado de la nación. Pese a ello, este año se han presentado hecho delictivos que han llamado sobremanera la atención de la opinión pública y que han merecido grandes espacios en los medios de información.

Para nadie es su secreto que la inmensa mayoría de los delitos que se cometen en la entidad no son castigados, pero llama la atención que estos asuntos relevantes también queden en la impunidad.

Uno de los casos relevantes que aún no recibe castigo es el asesinato del alcalde de Jilotzingo, el panista Juan Antonio Mayen, quien fue acribillado por más de cien disparos cuando iba conduciendo su auto por la carretera Naucalpan Ixtlahuaca, en abril pasado.

En un primer momento, la PGJEM se apresuró a señalar al alcalde por sus vínculos con grupos del crimen organizado, sin embargo, meses después la PGJEM reviró y aclaró que el crimen se debió a las disputas entre grupos criminales de la zona.

La PGJEM identificó a cinco presuntos responsables del crimen, solicitó las ordenes de aprehensión correspondientes a los jueces, pero no se ha sabido que estas hayan sido cumplimentadas.

El crimen sigue sin castigo.

Otro caso similar fue el asesinato del líder antorchista Cristian Iván Ramos Melchor, quien fue ultimado en la autopista Toluca – Atlacomulco  el pasado  9 de mayo, cuando fue interceptado por un grupo armado que perpetró el ataque. De los responsables del crimen no se sabe nada, aun cuando la organización agremiada al PRI ha hecho marchas para exigir el esclarecimiento del asesinato.

Otro hecho relevante ocurrió el pasado 19 de junio, cuando  dos empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron reportados como desaparecidos por sus familiares, luego de que visitaron la zona sur del estado.

El paradero de los notificadores del SAT levantados, presuntamente en Tlatlaya sigue sin ser esclarecido. Sólo se sabe que posiblemente fueron víctimas del crimen organizado pero tampoco se tiene claridad sobre los responsables.

Un caso que captó el interés nacional fue el hallazgo de bolsas con restos humanos en una lumbrera ubicada en Huehuetoca. El asunto  salió a la luz,  el 17 de agosto, luego de que familiares de personas desaparecidas ofrecieron una conferencia de prensa revelando el hecho y la PGJEM ya no pudo ocultarlo más, pues los primeros hallazgos se dieron un mes antes. Con la indagatorias se supo que se trata de doce cuerpos, once masculinos y un femenino que no han podido ser esclarecidos, ni tampoco se ha determinado quién y cómo fue que llegaron a la lumbrera de más de 30 metros de profundidad. La PGJEM se ha excusado en el grado de descomposición de los restos y la dificultad para identificarlos y advirtió que la investigación llevará tiempo para descubrir qué fue lo que pasó.

En septiembre,  dos hechos delictivos registrados en la entidad captaron la atención internacional. El primero el hallazgo de un cadáver en el municipio de Santiago Tianguistenco, que más tarde se confirmó que correspondía a María Villar Galaz, una ciudadana española, sobrina del Presidente de la Real Federación Española de Futbol, Ángel María Villar.

La joven fue secuestrada en Santa Fe, traída al estado de México para retirar dinero de sus cuentas personales y posteriormente fue ultimada y su cuerpo abandonado a la orilla de un arroyo en Tianguistenco, atrás de la zona de la Marquesa.

Hace una semanas se aprehendieron a un par de sujetos que participaron en el secuestro y crimen de María Villar, pero aún no se detiene a todos los responsables ni se determina dónde fue que ultimaron a la víctima.

Este caso, por su trascendencia internacional fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) pero la PGJEM aún participa en la investigación.

A finales de septiembre se reportó la desaparición y doble homicidio de dos mujeres en el municipio de Naucalpan. Una de las víctimas era una estudiante de una universidad privada. Días después de los cuerpos de las mujeres fueron hallados en maletas en una casa de una colonia popular de Naucalpan.

Las autoridades identificaron como responsable del crimen a un franelero que conocía a las víctimas. Se le boletinó y hasta se ofreció recompensa para quien proporcione datos que lleven a su captura. El presunto responsable sigue prófugo de la justicia y la exigencia de justicia va en aumento por los constantes hechos de desaparición de mujeres en Naucalpan.

Otro hecho no menos importante ocurrió el pasado  21 de octubre cuando  fue ejecutado el octavo regidor del ayuntamiento de Sultepec, Genaro González Hernández, en compañía de uno de sus familiares. Hasta el momento la PGJEM no ha informado sobre los avances en este caso, aunque se ha relacionado con actividades personales del regidor perredista.

Solo 10 días después, se registró la muerte de cuatro personas en el kilómetro 38 de la carretera México – Toluca, cuando un presunto “Vengador” disparó en su contra al momento que realizaban un asalto en un camión de pasajeros.

 Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha informado en voz del propio Procurador de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, los avances de este caso, sin embargo no se ha logrado encontrar al presunto asesino de estas cuatro personas.

 A estos casos se suma el homicidio del juez de Distrito Vicente Antonio Bermúdez Sacarías, quien fue asesinado en el municipio de Metepec, sin embargo este caso fue atraído de forma inmediata por las autoridades federales, a pesar de esto la PGJEM se ha visto involucrada en la difusión ilegal del video del momento exacto en que se registró la ejecución del magistrado.

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