Redacción
Ciudad de México. 20 de febrero del 2019.- El exprocurador de justicia del Estado de México y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte, (Conade) Alfredo Castillo Cervantes, es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pues habría contratado bienes y servicios para esta dependencia federal por más de 262 millones de pesos con empresas fantasma en el ejercicio fiscal 2017.
Así lo revela un reportaje difundido por la revista Contralínea en su más reciente edición, en la que también advierten que en la administración de Castillo al frente de la Conade, se registraron sobreejercicios que no han sido justificados documentalmente.
De acuerdo con Contralínea, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Conade también está investigando inconsistencias en el manejo de los recursos en la administración de Castillo Cervantes al frente de la instancia del deporte mexicano.
Castillo Cervantes fue uno de los hombres consentidos en el mandato de Enrique Peña Nieto, con quien fue procurador general de justicia cuando éste era gobernador del Estado de México.
Ya con Peña en la presidencia era parte de la triada de abogados que asesoraban al Ejecutivo. Su primo, Humberto Castillejos Cervantes era el consejero jurídico de la presidencia y su otro primo Raúl Cervantes, fue procurador general de la república.
Al inicio del sexenio presidencial de Peña Nieto, Alfredo Castillo fungió como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, donde encabezó la investigación ministerial en contra de la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo; acompañado de su tutor jurídico, Alberto Bazbaz Sacal, entonces al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Más tarde, fue designado como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en sustitución de Humberto Benítez Treviño, defenestrado por los escándalos de su hija Andrea (#LadyProfeco). Castillo dejó la encomienda para ser nombrado comisionado de seguridad en Michoacán.
Tras su paso por Michoacán, Peña Nieto le cumplió el capricho a Alfredo Castillo Cervantes de ponerlo al frente del deporte mexicano, pues es un apasionado del tenis y el fútbol.
A su llegada a la Conade en abril del 2015, Castillo tenía la consigna de barrer con los presidentes de diversas federaciones que se habían eternizado en los cargos. A varios los acusó de malversar fondos y los echó de sus cotos de poder del llamado deporte federado.
En el expediente abierto contra Castillo se explica que la Conade desconoce el costo promedio de las adquisiciones de bienes y servicios contratados mediante el Programa Presupuestario E017 de “Atención al Deporte”.
También se observa que la Conade tenía autorizado para 2017 una partida presupuestal por 560 millones de pesos pero al final del ejercicio se reportaron gastos de 650 millones de pesos. De esa cantidad solo existe documentación comprobatoria de 580 millones de pesos, por lo que resta aclarar el destino de 70 millones.
El Órgano Interno de Control de la Conade investiga además “5 mil 254 cuentas por liquidar certificadas (80.2 por ciento del total) que registraron diferencias en el número de la cuenta bancaria; en otras mil 95 (16.7 por ciento) donde no precisan las fechas de pago; en 30 más (0.5 por ciento) no incluyen el soporte documental; en 13 difieren de las fechas de pago; en 15 hay inconsistencias en el monto registrado y el pagado, y una CLC más está duplicada por concepto de comprobación de viáticos en diversas comisiones”.
El reportaje también da voz a Castillo, quien asegura que las 21 transacciones con proveedores (fantasma) que se señalan corresponden a pagos realizados a diversas entidades tales como el Comité Mundial Antidopaje (WADA), las embajadas de China y Cuba entre otros, como parte de los Convenios de Colaboración suscritos con estas para el pago de entrenadores, que no se ven reflejados ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por no considerarse operaciones con fines de lucro.
Indica que durante el proceso de revisión de la Cuenta Pública 2017, estos pagos fueron aclarados ante la Auditoría Superior de la Federación.
Por lo que respecta al sobreejercicio afirma que las ampliaciones presupuestales fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y entonces la erogación de esos recursos se llevaron a cabo con la autorización de ésta.
Por lo que toca a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) donde se señalan inconsistencias asegura que de ninguna forma representan un desvío o ejercicio indebido de recursos y que esto será aclarado en el desarrollo del expediente.
