Redacción
La dirigencia del PAN en el Estado de México aprobó un punto de acuerdo para sancionar a miembros activos del partido que hayan participado en apoyo a fuerzas políticas distintas durante los comicios de 2012, y que podría incluir la expulsión del PAN. El procedimiento se daría por dos vías a través de una solicitud de sanción ante la Comisión de Orden del consejo estatal panista; así como la exclusión ante el Comité Directivo Estatal.
A casi un mes de los comicios federales y locales en el estado, el punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad lo que permitirá sancionar y en su caso expulsar a quienes siendo miembros activos apoyaron a otros partidos políticos; además de aquellos que participaron con otras fuerzas políticas.
A través de su cuenta de twitter, Sergio Octavio Germán Olivares aseguró que el acuerdo deberá ser acatado por los comités directivos municipales y por los consejeros y miembros de Comité Directivo Estatal. Confió en que por medio de los órganos directivos del partido se sancione a quienes hayan traicionado al panismo y eviten escapar a las determinaciones tomadas.
La determinación sólo incluye a miembros activos de Acción Nacional, donde fuentes del partido acreditaron que militantes habrían apoyado al PRI o al PRD según las posibilidades de triunfo de fuerzas opositoras al blanquiazul.
Ahí destacan los casos de Toluca, donde se identificó a operadores políticos del ex alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez en apoyo a la priísta Martha Hilda González Calderón. Lo mismo ocurrió en Tlalnepantla, donde sectores identificados con el panismo, apoyaron al perredista Rubén Mendoza Ayala.
En otros municipio como Nezahualcóyotl y Ecatepec, los candidatos del PAN terminaron apoyando a los abanderados de la izquierda Juan Zepeda y José Luis Gutiérrez Cureño. Además, la dirigencia estatal del PAN tiene identificado que existieron acuerdos a nivel de dirigentes municipales en localidades de baja densidad poblacional para apoyar al PRD, PT y MC.
El Comité Directivo Estatal prevé la conformación de una comisión de seguimiento que avale que los mecanismos de denuncia, investigación y sancionatorios permitan establecer procedimientos adecuados y concluyentes.
