Dra. en D. Karla Isabel Colín Maya**
Recientemente se dio a
conocer que la Presidenta Municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas, fue inhabilitada por el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, del 6 de febrero y hasta el 21 de septiembre de 2025, por la comisión de una falta administrativa grave, denominada desacato, vinculada a dos diferentes expedientes de investigación, abiertos durante su primer mandato como alcaldesa de Tepotzotlán, el 100/2022 y el 66/2023.
Por los mismos expedientes, por la misma falta y con igual sanción, fueron sancionadas para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, otras cuatro personas: Pablo Romero Vázquez, entonces director de Obras Públicas; Leobardo Figueroa Valentín y Ana Laura González González, entones síndicos municipales y actuales directores de Educación y Fomento Económico, respectivamente; y José Ismael Castillo Gómez, entonces director de Administración y Finanzas con
funciones de tesorero municipal.
Este último, derivado del expediente 168/2023 también fue inhabilitado por desacato, en compañía de Pablo Romero Vázquez y Ángel Zuppa Núñez, ex presidente municipal y padre de presidenta María de los Ángeles Zuppa Villegas.
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios señala que incurrirá en DESACATO el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades competentes, proporcione información falsa, así
como no dé respuesta oportunamente, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información. Es así, que lo que realmente debe observar la ciudadanía no es como tal, la inhabilitación por desacato, sino saber en qué consiste la información que decidieron falsear, ocultar o retrasar, a sabiendas
de la consecuente sanción.
Respecto a esta gran incógnita, en una transmisión online, dos regidoras y un regidor del municipio mencionaron que los hechos podrían estar relacionadas con la construcción de un puente cuyo costo aproximado fue de 230 millones de pesos, obra iniciada durante el periodo de Ángel Zuppa, que quedó inconclusa.
A las y los habitantes de Tepotzotlán les tocaría, por la afectación en su derecho humano a la movilidad derivado de la obra inconclusa, exigir que la investigación original continue su curso para imponer sanciones a quien resulte responsable, lo cual puede involucrar a actores privados que se benefician ilegalmente y a funcionarios públicos que incurren en prácticas de corrupción.
#AhíSeLosDejoDeTarea
#HablemosDeCorrupción #KarlaColín @KarlaColinM
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