Redacción
Toluca, Edomex; 14 de julio de 2021.- Parlamentarios integrantes de la Comisión de Seguridad y Justicia realizaron propuestas de reformas constitucionales para modificar la duración del cargo del Fiscal General, que hoy es de nueve años, y que se reduzca a cuatro o hasta tres años, por considerar que un largo periodo genera excesos de poder y corrupción, que hoy afectan la procuración de justicia en la entidad.
El parlamentario Salvador Alejandro Saldívar Vélez, recordó que hoy la Constitución local considera que el fiscal dure nueve años en su cargo, y planteó que se reduzca el periodo como en otras entidades como Jalisco y Puebla que es de 7 años, Nuevo León 6 años, Veracruz 5 años y la Ciudad de México 4 años, con posibilidad de ser ratificado un periodo más, por lo que en el Estado de México debería ser de cuatro con opción a ratificación.
“Que el fiscal dure nueve años en el cargo, puede representar un cheque en blanco y da posibilidad a generar excesos de poder y de corrupción que involucren negativamente el desempeño y actuación del fiscal en detrimento de la actuación pronta y expedita hacia cualquier ciudadano”, afirmó el proponente.
Juan Carlos Santiago Jiménez consideró que la Fiscalía estatal es una de las instituciones con mayor falta de credibilidad y mantiene añejos vicios, pese a reformas en la materia, como malos tratos, corrupción e ineficiencia de los ministerios públicos.
Aunque, mostró su disenso por reducir el periodo, pues evita que responda a pesos y contrapesos de los poderes y da posibilidad de investigar al gobernador en turno y a los legisladores, se pronunció por sancionar toda investigación fraudulenta y a ministerios públicos que actúen de forma indebida y atender los vicios que son solapados por el Poder Judicial.
Yolanda Estrada, también propuso que el cargo del fiscal se reduzca, pero a tres años, pues un largo periodo genera vínculos y corrupción, propicia favores a grupos delictivos, y consideró que un periodo más corto debilitaría la corrupción en la corporación y que es un lastre para los mexiquenses.
En otro momento, Juan Carlos Santiago propuso que la Constitución considere el error judicial, como toda equivocación grave cometida dolosamente por el juez o magistrado que cause daño significativo a las partes en el proceso, y que puede derivar en sanciones en el campo civil y administrativo, y se considere la reparación del daño mediante una compensación económica.
También, se planteó que el Tribunal de Justicia Administrativa pertenezca al Poder Judicial y no al Ejecutivo, y que los magistrados sean designados por el Poder legislativo, y que se garantice una pronta actuación, pues tan solo hoy la notificación a una autoridad demandada tarda hasta tres meses, por lo que deben existir procedimientos de carácter oral y escrito para agilizar el proceso, mediante dos audiencias.
El parlamentario Miguel Ángel Saavedra Lucio propuso que la Constitución reconozca los medios alternativos de resolución de controversias, sin necesidad de llegar a un proceso jurisdiccional que es largo, caro y desgastante y fomenta la carga de trabajo al Poder Judicial.
