Redacción
Toluca, Edomex, 22 de febrero del 2018.- El manejo de los recursos federales en el sector salud del Estado de México ha sido cuestionado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien en el ejercicio fiscal 2016, ha encontrado posibles daños a la hacienda pública por más de dos mil millones de pesos.
Así se detalla en el informe final de la Cuenta Pública del 2016, que la ASF hizo pública hace unos días. En él se señala diversas irregularidades que se habrían cometido en el sector salud mexiquense, a cargo de César Gómez Monge, principalmente con recursos del programa Prospera, en su componente de salud y con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, (FASSA), donde el daño patrimonial superaría los mil 200 millones de pesos.
Las principales irregularidades detectadas por la ASF son: que no se enteraron el destino de los rendimientos o intereses generados en las cuentas a las que se depositaban los recursos; trasferencias indebidas a otras cuentas; no se enteraron retenciones del ISR al SAT, erogación de recursos sin documentación comprobatoria, y pagos registrados a personas fuera de nómina, entre otros.
En total, la ASF informó que se realizaron 46 acciones en seguimiento de las cuales en 17 se presumen posibles daños a la hacienda pública; se emitieron 17 pliegos de observaciones al manejo de los recursos y se realizaron 15 promociones de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos del sector salud, además de 4 peticiones al Servicio de Administración Tributaria para la verificación del cumplimiento de retenciones de ISR.
Sobre el manejo del programa social Prospera, en su componente de salud, se hicieron observaciones con posible responsabilidad resarcitoria por 36 millones 624 mil pesos; de estos, 28 millones se refieren a que se transfirieron recursos a otras cuentas del programa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud y 8 millones por no enterar retenciones al SAT en el último trimestre del 2106, entre otras irregularidades.
Por el manejo de recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación entre la Secretaría de Salud federal, con el gobierno de Eruviel Ávila se observaron 750 millones con posible daño a la hacienda pública, pues no se proporcionó la documentación comprobatoria que acredite la aplicación de 547 millones esta partida y porque no se acreditaron con documentación la aplicación o ejercicio de 181 millones destinados a las retenciones del ISR de salarios del personal pagado con recursos del Seguro Popular 2016.
Finalmente se observaron mil 270 millones por el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) pues con 679 millones no se proporcionó documentación comprobatoria del ejercicio del gasto conforme a los objetivos del Fondo; en 414 millones por falta de retenciones del ISR, y 84 millones por realizar pagos por concepto de recargos y actualizaciones generados por cubrir de manera extemporánea del ISR, y uno más por 59 millones 4 por la falta de entero de retenciones por concepto de Cuotas y Aportaciones SAR-FOVISSSTE correspondientes a los recursos del FASSA 2016.
