Redacción
Toluca, Edomex, 30 de julio de 2020. El diputado local, Gabriel Gutiérrez Cureño presentó este jueves una iniciativa para reformar diversas leyes, desde la Constitución hasta el Código Electoral, para fijar en el marco normativo del estado, la prohibición de que deudores alimentarios y agresores por violencia intrafamiliar o sexual, puedan acceder a cargos públicos y de representación popular.
La iniciativa surge a propuesta de organizaciones sociales defensoras de derechos de las mujeres con quienes el diputado se comprometió a impulsar los cambios legales para impedir que quien tenga antecedentes de ser agresor intrafamiliar, sexual, hostigador y deudor alimentario, puedan llegar a ocupar un cargo de relevancia en alguno de los Poderes del Estado.
Al presentar la iniciativa ante el pleno de la 60 Legislatura del estado, Gutiérrez Cureño recordó que la violencia en contra de las mujeres en México en la entidad “es alarmante”, pues más de la mitad de las mexiquenses reporta haber vivido algún incidente de violencia en uno o varios ámbitos, mientras que las estadísticas de homicidios dolosos de mujeres registradas reflejan un incremento de más de 200 por ciento.
El legislador del grupo parlamentario de Morena sostuvo que desde la legislación se debe garantizar la idoneidad de las personas que aspiran a ocupar cargos como gobernador, secretarios de estado, magistrados del Poder Judicial, diputados, presidentes municipales y regidores, secretarios y síndicos en los ayuntamientos y funcionarios en órganos autónomos “pues desempeñar un cargo público no es un privilegio de la clase gobernante, conlleva una gran responsabilidad para dar un trato digno a la ciudadanía”.
“El mensaje que se transmite con la presente iniciativa es claro: impedir que quienes tengan antecedentes como agresores por violencia familiar, violencia sexual, violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades, o por incumplimiento de obligaciones alimentarias, ingresen al servicio público y permanezcan en él, al no tener las cualidades que se requieren para representar los intereses de las mexiquenses”, apuntó Gutiérrez Cureño.
Señaló que en el discurso los altos funcionarios públicos condenan este tipo de violencia, pero en la práctica la generan, la consienten o no hacen nada para combatirla desde el ámbito de sus atribuciones.
Entre las reformas planteadas, se propone fijar como requisito para ocupar cargos de elección popular o desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos: no ser deudor de pensión alimenticia, no ser acosador sexual, y no ser agresor por razones de género.
“la presente iniciativa es abonar a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres, así́ como para lograr implementar nuevas formas relaciones institucionales, políticas y sociales”, dijo el legislador.
La iniciativa contempla adiciones a la Constitución del estado; a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado y Ley Orgánica Municipal, además de reformas a la Ley de Seguridad Social; Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley de la Defensoría Pública y Código Electoral, por lo tanto deberán ser aprobadas antes de que termine septiembre, para que puedan ser aplicables para el proceso electoral del 2021.
