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Inhabilitan a una decena de alcaldes y tesoreros municipales por desvío de recursos

Por Israel Dávila

 

Toluca, Edomex 7 de noviembre 2023.-  Al menos una decena de ex presidentes municipales del Estado de México han sido inhabilitados en los últimos meses a raíz de las auditorias y revisiones a las las Cuentas Públicas que realiza el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). Tras comprobarse que los ediles incurrieron en desvío de recursos, el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (Trijaem) ha sancionado a diversos ex funcionarios municipales con inhabilitaciones  que van de uno hasta 20 años para ocupar cargo público.

 

De acuerdo con la Ley que creó el Sistema Estatal Anticorrupción  el OSFEM no puede emitir sanciones cuando encuentra irregularidades en los actos de fiscalización que realiza a los entes públicos,  sino solo se encarga de integrar los expedientes, se investiga y si se encuentra responsabilidad de algún servidor público, se turna al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijame) para que imponga las sanciones administrativas que corresponden a esta falta administrativa grave.

 

El caso más delicado es el del ex presidente municipal de Tequixquiac, Saúl Raúl Vázquez Valencia, sobre quien pesan tres resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, por expedientes iniciados por el OSFEM en su contra por desvío de recursos y abuso de funciones.

 

A este ex alcalde se le han impuesto inhabilitaciones por 3 años, 10 años y 20 años –por reiteración de conductas de desvío de recursos. Tanto el ex alcalde como Ernesto Vega Ramírez, quien fue su tesorero municipal en la administración 2016-2018, no podrán ejercer cargo público, al menos hasta septiembre del 2046.

 

Además, el Trijaem les impuso además el pago de dos indemnizaciones resarcitorias: una por 2 millones 844 mil pesos y otra por 1 millón 325 mil pesos, según se observa en la Plataforma Digital Nacional anticorrupción.

 

Otro de los ex alcaldes sancionados son  Rigoberto Flores Sánchez, de Chiconcuac,  y  su tesorero Luis Alberto Gómez González, a quienes  se les inhabilitó por 12 años para ocupar cualquier cargo público, pues se les comprobó desvío de recursos. Ellos también deben pagar una multa de 67 mil pesos, cada uno de ellos.

 

El Tribunal de Justicia Administrativa también resolvió  la inhabilitación por diez años al ex presidente municipal de Tonanitla, Gregorio Morales Gutiérrez,  al ex síndico de este ayuntamiento, Miguel Ángel Ortiz Flores y a la ex tesorera municipal, Adelina Ortiz Palma por abuso de funciones, donde se detectaron inconsistencias en el manejo de más de 527 mil pesos.

 

El ex presidente municipal de Nopaltepec, Aarón Aguilar García, junto con Abigail Díaz López, quien era la síndico; Hugo Mendoza de la Barrera, quien era director de Obras y Margarita Alanís Aguilar, quien era la tesorera del municipio, también fueron sancionados con la inhabilitación para ocupar cargo público por diez años, en el caso del ex alcalde, ex síndico y ex director de obra por desvío de recursos y deberán cubrir multas por 190 mil pesos cada uno, mientras la inhabilitación para ocupar cargo público para la tesorera es por 20 años.

 

También por 10 años fueron inhabilitados el ex alcalde de Papalotla, Luis Enrique Islas Rincón, su síndico Rita Romero Álvarez y su tesorero, José Augusto Morales Víctor, por incurrir en desvío de recursos y cohecho.

 

Al ex presidente municipal de Teotihuacán, Arturo Cantú Nieves, y a su tesorera, Edith González Gutiérrez, se les inhabilitó solo por tres años

 

Al ex alcalde de Hueypoxtla, Adrián Reyes Oropeza, solo se le inhabilitó un año por desvío de recursos, lo mismo que a Germán Maya Márquez, ex alcalde de Jaltenco.

 

Existen otros ex alcaldes sancionados como Boris López, de Otzolotepec; Evertina Sánchez Bahena de Temamatla; Víctor Hugo Rojas Guzmán, de Teoloyucan, a quienes se les impuso inhabilitación por menos de un año.

 

También hay más de una treintena de ex funcionarios municipales sancionados con inhabilitaciones que van de 3 meses a 3 años por abuso de funciones, principalmente.

 

 

 

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