Redacción

Almoloya de Juárez, Edomex, 12 de marzo del 2024.- Cuatro exfuncionarios del gobierno del Estado de México y tres directivos y exdirectivos de la empresa Aleática,  antes OHL México, comparecieron este martes ante un juez del centro de justicia del penal federal del Altiplano, donde escucharon la imputación que les formuló la Fiscalía General de la República por su presunta responsabilidad en los delitos de explotación ilegal de un bien público y asociación delictuosa, derivado de que durante años esta empresa ha operado y explotado la vialidad  Viaducto Elevado Bicentenario, amparado «en una concesión ilegal» expedida por el gobierno mexiquense.

Esta causa tiene su antecedente en la lucha jurídica emprendida desde hace más de diez años del abogado Paulo Diez Gargari, quien ha sostenido que el Viaducto Elevado Bicentenario, forma parte de la autopista México -Querétaro, de jurisdicción federal, argumento que le fue validado el año pasado por un juez de amparo.

En su segundo citatorio por la causa penal 372/2023, el exsecretario General de Gobierno, Ernesto Nemer, el exsecretario de Movilidad mexiquense, Luis Gilberto Limón Chávez; así como el exdirector del Aeropuertos, Autopistas y Servicios conexos en la entidad, Alberto Tomás Angulo Lara y Jorge Joaquín González Becerril, exdirector de la Junta de Caminos de la entidad, acudieron ante el juez para conocer de la imputación que pesa en su contra.

Lo mismo ocurrió con los exdirectores e OHL México, hoy Aleática, Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo Monroy y el actual presidente del consejo directivo de esta empresa Rubén Gerardo López Barrera, quienes son considerados coautores materiales de los delitos antes mencionados.

La FGR señaló que Aleática, ha operado y explotado la vialidad denominada Viaducto Elevado Bicentenario, que corre en un segundo piso de la carretera México-Querétaro, en su tramo de Naucalpan a Tepotzotlán, desde hace más de 15 años, amparado en una concesión ilegal que expidió el gobierno mexiquense.

A decir de la Fiscalía, el gobierno estatal no tenía ni tiene facultades para expedir una concesión sobre un bien público de la nación, como lo es la autopista México-Querétaro, pues esto solo compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.

En 2008, el gobierno del estado entregó un título de concesión a OHL para que construyera, operara, conservara y explotara el segundo piso del Periférico Norte de Naucalpan a Tepotzotlán, amparado en un presunto acuerdo de mayo de 1983, en el que supuestamente la SCT federal le entregó al gobierno estatal la vialidad en cuestión, sin embargo, durante la investigación que hizo la FGR, este documento no obra ni en archivos del gobierno mexiquense ni de la SCT.

Sólo se encontró el acta de entrega del ramal Ceylan-Vallejo, pero este, no corresponde al trayecto donde se construyó el Viaducto Elevado Bicentenario.

En la indagatoria se pudo conocer que la SCT solo le dio facultades al gobierno estatal en materia de tránsito sobre el tramo que va del Toreo a Tepotzotlán, pero nunca le facultó para entregar concesiones para la explotación de la vialidad.

En 2011, la propia SCT le notificó al gobierno estatal que el tramo de Naucalpan a Tepotzotlán era de jurisdicción federal y por ende era un bien público de la nación, lo que a decir de la FGR, dejaba en claro que el gobierno estatal no podía concesionar este tramo a ningún particular.

La Fiscalía indicó que en octubre del 2020, el gobierno de Alfredo Del Mazo “trató maquillar de legalidad” la concesión otorgada a OHL,  a través de un convenio de coordinación y colaboración de acciones con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y el documento fue firmado por el entonces secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer; el secretario de Movilidad, Luis Limón; el director de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos,  Tomás Angulo Lara y de Jorge Joaquín González Bezares, como director de la Junta de Caminos, lo que les hizo incurrir en el delito hoy imputado por la FGR y en asociación delictuosa.

Además, a González Bezares se le imputa también el de usurpación de funciones, pues él había renunciado al cargo de director de la junta de caminos estatal, el 30 de septiembre, un día antes de la firma del documento.

La FGR solicitó al juez que se les vinculara a proceso, y los defensores de los acusados pidieron que hoy mismo se resolviera la situación jurídica de sus representados, más aún cuando, el propio juez verbalizó en la audiencia que la formulación de imputación hecha por el ministerio público había sido “deficiente”.

El juez decretó un receso para escuchar los argumentos de la defensa sobre las imputaciones hechas a sus clientes y hasta el momento no se tomaba ninguna determinación sobre los acusados.