Israel Dávila
Toluca, Edomex, 3 de diciembre del 2025. Pese a peticiones de legisladores del PT y Morena para cancelar o rescindir los contratos que en administraciones pasadas se signaron con particulares para el mantenimiento de vialidades y carreteras en la entidad, bajo los esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Pública Privadas (APP), que representan un gasto anual superior a los dos mil millones de pesos, el secretario de Finanzas del Gobierno mexiquense, Oscar Flores aseveró que resulta “complicadísimo” jurídica, administrativa y financieramente hacer una operación de este tipo, por cómo están redactados los contratos.
No obstante, el funcionario dijo que se tienen mesas de trabajo con especialistas jurídicos para ver de qué forma el gobierno estatal puede llegar a un acuerdo con estos concesionarios para disminuir los montos de pago o el plazo de los contratos sin que resulte oneroso para la hacienda estatal.
En 2010, durante la administración estatal que encabezó Enrique Peña Nieto se firmaron los contratos de PPS para que una empresa se encargara del mantenimiento y conservación de vialidades y carreteras de la entidad. El contrato se signó por 25 años y el estado paga una contraprestación mensual a la empresa para que realice los trabajos para mantener las vialidades en óptimas condiciones.
Sin embargo, en los contratos se estipuló una cláusula, que señala que si las vialidades o carreteras sufren alguna alteración, la empresa ya no podrá intervenir en su mantenimiento y conservación, por lo que ahora de las 56 vialidades que se incluyeron en el contrato solo se atienden 10, pues el resto han tenido alguna modificación por la introducción de postes, líneas de drenaje o cableado.
Durante una reunión que sostuvieron diputados locales con el secretario de Finanzas para iniciar la discusión del paquete fiscal 2026, la diputada del PT Ana Yurixi Leyva Piñón manifestó que “algo se debe hacer para no seguir regalando el dinero a estas empresas”.
“Son 78 millones de pesos mensuales que se le paga a la empresa de PPS Carretero y 150 millones para la empresa concesionaria de la APP de los Caminos del Sur. Esto no puede seguir así. Basta hacer un recorrido para ver el estado de las calles y de las carreteras”, dijo la legisladora petista.
Mencionó que en todo el país se han firmado alrededor de 77 contratos de PPS o APP, y en ningún caso se pusieron clausulas como las de “no disponibilidad” que se incluyeron aquí. “No sé porque aquí en el Estado de México se permitieron contratos tan ventajosos para las empresas”, recalcó.
La empresa con la se firmó el PPS carretero para darle mantenimiento a 56 vialidades mexiquenses es “Conservadora de Vialidades”, que se formó con un consorcio entre Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, y Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto.
En tanto, la APP Caminos del Sur, a quien se le contrató para dar mantenimiento y conservación de 82 caminos y carreteras del sur mexiquense durante 12 años, está signado el contrato con Vise, de un empresario de Guanajuato , asociado con Impulsora de Soluciones e Infraestructura, donde Ricardo Salinas Pliego es accionista mayoritario.
“Se tiene que hacer algo con estos contratos. De qué privilegios gozan estos amigos que tienen los contratos. Estamos hablando que por los Caminos del Sur, el estado está pagando 150 millones de pesos mensuales uy por el PPS de Vialidades 78 millones de pesos mensuales. No es posible que sigamos así. Yo los invito a que transitemos las vialidades y los caminos del sur, están intransitables y todavía les estamos regalando 150 y 78 millones de pesos mensuales”, recalcó la diputada.
El secretario de Finanzas insistió en que se están revisando los contratos cuidadosamente para ver que salida se puede dar, pero anticipó que ve “complicadísimo que se puedan cancelar o rescindir los contratos” por cuestiones jurídicas administrativas y financieras.
“Si tenemos una complicación para cerrar anticipadamente estos contratos. ¿Por qué? Porque significa hacer frente a pagos del orden de diez mil millones de pesos, además de que sí queremos ser exageradamente cuidadosos en su diligencia legal, administrativa, financiera para evitar que esto se pudiera asumir en el en mediano plazo por parte del gobierno del estado”, sostuvo Oscar Flores.
Ambos contratos tienen vigencia hasta 2032, por lo que aún faltan siete años en los que el gobierno del estado deberá seguir pagando la contraprestación.
