Redacción
La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a Baruch Delgado Carbajal – Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México- medidas cautelares en beneficio de Maude Versini quien por más de 21 meses no ha conseguido ver a sus tres hijos menores de edad, a pesar de haber acudido a diversas instancias judiciales.
En un comunicado de prensa, sin mencionarla por su nombre, se estableció que la CNDH “pide que se garantice el derecho de una madre de familia para visitar y convivir con sus hijos, en el lugar que determine esa autoridad judicial”.
No obstante, el organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva, detalló que la eventual visita de Versini con sus hijos –actualmente con el ex gobernador Arturo Montiel- se realizará “con la debida implementación de medidas jurídicas que garanticen que las cosas se mantengan en el mismo estatus hasta que se resuelva en definitiva la situación jurídica de los tres menores”.
El organismo también solicitó se implementen los mecanismos necesarios y adecuados de supervisión, que garanticen la integridad física y psicológica de los niños y la quejosa en los términos que establezca esa autoridad, a fin de dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada”.
En el texto, se especificó que la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional se encuentra realizando una investigación relacionada con el caso, a fin de recopilar las evidencias necesarias que permitan establecer la verdad histórica de los actos constitutivos de queja que formuló la mujer (Versini ex esposa de Montiel), respecto a la solicitud de restitución de sus menores hijos a Paris, Francia.
De acuerdo a la queja de Maude, el Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia con sede en Lerma, dictó el 29 de mayo de 2012, una sentencia, mediante la cual se ordenó la restitución inmediata de dichos menores a París Francia, cuya determinación fue confirmada el 5 de julio de ese año por la Primera Sala Regional Familiar de Toluca.
No obstante, dicho mandamiento judicial no se pudo ejecutar, en razón de que el Arturo Montiel interpuso los recursos que le permitieron objetarlo.