Redacción
Cuidad de México, 16 de mayo del 2016.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) urgió hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) a aportar más elementos de pruebas fortalecer la imputación contra militares que participaron en la matanza de San Pedro Limón, Tlatlaya, el pasado 30 de junio del 2014, pues el viernes pasado un Tribunal exoneró a tres de los efectivos del Ejercito implicados, que se suman a cuatro soldados más que meses atrás obtuvieron un amparo en contra de la aprehensión.
La CNDH pidió a la PGR retomar elementos de la investigación que realizó el organismo que derivó en la recomendación 51/2014, para tratar de aportar nuevos elementos de prueba y evitar que este hecho quede impune.
A través de un comunicado, la CNDH recordó que en la indagatoria que realizó y que derivó en la recomendación 51/2014, se determinó la existencia de violaciones graves a los derechos humanos y se pidió en ese entonces, que las autoridades ministeriales y judiciales persiguieran los delitos cometidos y los sancionaran conforme a la ley.
La CNDH concluyó en esa recomendación que la escena de los hechos fue alterada para encubrir presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares, quienes habrían matado a quemarropa a un grupo de jóvenes cuando estos ya se habían rendido.
“Ante la información de la han dado cuenta los medios de comunicación, la CNDH ha solicitado formalmente a la PGR, atendiendo al hecho de que jurídicamente este caso aún no sería cosa juzgada, el que aporte nuevas pruebas para fortalecer su acusación, en términos de su competencia y con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales”.
“La CNDH reitera la solicitud que formuló a la PGR para que tome en consideración los elementos contenidos en el expediente de queja seguido ante este Organismo Nacional y que dio origen a la recomendación 51/2014, entre los medios probatorios que eventualmente aporte ante la instancia jurisdiccional competente, a efecto de propiciar que en estos hechos tan lamentables no subsista la impunidad”.
A casi dos años de los hechos, ningún militar del 22 batallón de infantería del Ejército Mexicano que participaron en la matanza de Tlatlaya ha sido sancionado penalmente, ni tampoco servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes habrían tolerado la manipulación de la escena del crimen con motivo de encubrir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares, ni la tortura a la que fueron sometidas tres mujeres testigos de los hechos, para que no declararan lo que vieron en la escena del delito.
