Redacción
Ciudad de México, 26 de agosto de 2021.- El Poder Judicial Federal otorgó una suspensión provisional de amparo a favor de 25 personas, que en la víspera solicitaron la amnistía a su encarcelamiento, tras aportar diversas pruebas sobre irregularidades jurídicas en las acusaciones que se les imputan, sin embargo, las autoridades judiciales del estado no autorizaron su respectiva liberación.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) en la suspensión provisional otorgada a favor de 25 internos de cárceles estatales, se consideró que el Poder Judicial del Estado de México “no realizó un análisis exhaustivo, por lo que, en todo caso, deberá ser otorgado en beneficio de la amnistía, es decir, la libertad”.
José Antonio Lara Duque, titular del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” insistió en que, los integrantes del Poder Judicial han obstaculizado el proceso de libertad que ofrece este mecanismo jurídico.
Detalló que “el resultado del amparo deja un precedente de que, la autoridad del Poder Judicial del Estado de México hace una indebida aplicación de la Ley de Amnistía en el caso de estas 25 personas”.
Subrayó que cada una de las personas debe obtener la libertad de manera inmediata, además de que logrará desactivar el movimiento encabezado por sus propios familiares en la Plaza de los Mártires.
“Es urgente avanzar en el proceso de libertad que ofrece la Ley de Amnistía y, que estas 25 personas han invocado, ante la violación al debido proceso de cada una de las personas agraviadas”, sostuvo.
Desde el pasado 12 de agosto, cinco mujeres familiares de personas que se encuentran injustamente presas, iniciaron una huelga de hambre en la Plaza de los Mártires, frente a la sede del Ejecutivo estatal, para demandar la aplicación de la ley de amnistía en al menos 25 casos de personas a quienes se les ha comprobado que sus procesos estuvieron plagados de irregularidades violando con ello sus garantías individuales.
Estos 25 casos son personas que se encuentran presas acusadas de delitos graves, que solo podrían acceder a la amnistía a petición del Congreso y de la Comisión estatal de Derechos Humanos tras haber analizado sus casos y comprobado irregularidades en el proceso.
Desde el mes de junio, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” solicitó la intervención de la alta comisionada de los derechos humanos para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para hacer valer esta Ley de Amnistía que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.
