Juan Carlos Núñez Armas*
En días pasados, un acontecimiento impactó mundialmente: la sede del Congreso norteamericano fue tomada por asalto por una turba de inconformes con el resultado electoral. Lamentablemente, 5 personas perdieron la vida a raíz del caos provocado. Joe Biden, presidente electo, llamó insurrección al asalto al Capitolio y Mike Pence, vicepresidente en funciones, se refirió a lo sucedido como “el día más oscuro en la historia del Capitolio de los EE.UU.”, considerado el corazón de la democracia en aquel país. Posteriormente, líderes demócratas, y algunos republicanos, han exigido que el presidente Trump responda por estos hechos y sea destituido.
¿Qué dijo el aún presidente para que sea considerado responsable de la insurrección? Ante una multitud de simpatizantes reunidos en el Monumento a Washington, un espacio cercano a la Casa Blanca y al Capitolio, además de enumerar diversos fraudes electorales que nunca ha podido comprobar en los tribunales, también arremetió contra los republicanos “patéticos y débiles” que no apoyaban la exigencia de detener la certificación de votos que tenía encomendado el Congreso en esos momentos. A sus “denuncias” añadió: “…si ellos no luchan tendremos que eliminar a los que no luchan… caminemos hasta el Capitolio y vitoreemos a nuestros valientes senadores y congresistas… caminaremos y estaré ahí con ustedes…”
Todo esto debe llevarnos a reflexionar sobre dos aspectos importantes: primero, el discurso incitando a la violencia en sí mismo y segundo sus consecuencias, una red social que suspendió la cuenta de Trump por riesgo, precisamente, de incitar a la violencia a través de sus publicaciones. El hate speech, expresión en inglés que se traduce como “discurso de odio”, comúnmente se refiere a formas de expresión dirigidas contra grupos de personas por su etnia, religión, orientación sexual, discapacidad, nacionalidad, edad, género, grupo social, afiliación política, o cualquier característica personal, funcional, social o que no comparten una misma ideología que el emisor.
Esta ocasión, tocaré el tema inicial de la violencia discursiva, que también representa un riesgo para nuestro país en un clima de crispación política. En el inicio del proceso electoral, que es un ambiente de confrontación discursiva entre los actores políticos, se transmiten mensajes a los ciudadanos a través de las redes sociales. Hay que entender que no es la red la que genera la línea de confrontación, sólo potencializa lo que ya existe social y comunicativamente.
La preocupación no es sólo que se difundan materiales ofensivos producidos por algún grupo social, sino que sean miles de personas que los comuniquen y utilicen la red social, con un anonimato cada vez mayor, generando un impacto social y personal perjudicial. Y esta dinámica se presenta ante una autoridad que no interviene para verificar esta violencia y prácticamente abandona “la plaza” a la libre autorregulación.
Por otro lado, no olvidemos el convenio sobre ciberdelincuencia, establecido en Europa, como define el hate speech como “todo material escrito, toda imagen o cualquier representación, de ideas o teorías, que propugnen, promuevan o inciten al odio, la discriminación o a la violencia, contra cualquier persona o grupo de personas, que por razones del color de su piel, la ascendencia o el origen nacional o étnico, así como de la religión en la medida que se utilice como pretexto para cualquiera de estos factores”. Por cierto, en este acuerdo que fue firmado en Budapest por 64 países, México sólo participa en calidad de observador.
Ante los acontecimientos de la semana pasada es claro que esta definición no es suficiente porque la comunicación violenta debe englobar cualquier forma de expresión que pueda conceptualizarse así, independientemente de los motivos por los que se lleve a cabo. Según Fernando Miró Linares, en su texto “Taxonomía de la comunicación violenta y el discurso de odio en internet”, entre las formas distintas de hate speech hay que considerar: a) todas las formas de incitación o amenaza específica de causación de violencia física que no sean por razón discriminatoria o de grupo; b) toda ofensa o daño al honor o a la dignidad de las personas concretas y c) todo comportamiento que pueda considerarse ofensivo o vejatorio para la sociedad.
Nos falta avanzar en legislar sobre “delitos del habla” como las amenazas, injurias y calumnias, que atacan el honor y la libertad de las personas. Tenemos que entender que algunas formas de comunicación causan violencia o causan un clima de violencia. Ante el proceso electoral iniciado, el riesgo de contagiarnos y vernos inmersos en el lenguaje de comunicación violento es altamente pernicioso para la seguridad personal y colectiva y por consiguiente atenta contra la paz en la que deseamos vivir.
Impulsemos con nuestras redes sociales un clima de diálogo. Y, en la relación directa con nuestros vecinos y amigos, promovamos nuestras ideas sin incitar a la violencia, sin ofensas, respetando la dignidad y la opinión de las personas. Rechacemos a los violentos. Vacunémonos contra la violencia e impulsemos una sociedad con sana convivencia.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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