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EDITORIAL (30-11-2015)

El obstinado intento por convertir al procurador de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vulneró la credibilidad del Ejército Mexicano, luego de que el candidato del presidente Enrique Peña Nieto al máximo tribunal del país responsabilizará a las fuerzas castrenses de haber alterado la escena del crimen en Tlatlaya.

En la intentona por exculparse de cualquier anomalía, omisión y abuso de autoridad, el procurador mexiquense involucró a la Sedena de las atrocidades cometidas en Tlatlaya, donde el inicio de las indagatorias, y por tanto del encubrimiento de los crímenes registrados, estuvieron a cargo de agentes ministeriales a cargo de Gómez Sánchez.

Caso Tlatlaya. Ejecuciones extrajudiciales y homicidio.Más allá de la justificación de Alejandro Gómez por insistir en que los funcionarios mexiquenses arribaron al sitio horas más tarde, cuando la escena del crimen ya podría haber sido modificado, lo que fue evidenciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue que la procuraduría de justicia estatal realizó peritajes que resultaron inconsistentes, en tanto que no advirtieron las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El procurador mexiquense, obcecado por ser electo como ministro de la Suprema Corte fustigó contra las propias instituciones del Estado, para defender su propio desgaste de poder propiciado a partir del encubrimiento de una actuación extrajudicial de militares al haber acribillado a 22 presuntos criminales.

El encargado de procurar justicia en el Estado de México, sin duda, acusó una actuación omisa, negligente o deliberada, que pone en duda su capacidad personal, estatura moral y autonomía institucional para ocupar una posición que exige de amplia independencia, absoluta probidad y profundo conocimiento del derecho.

Por anticipado, se puede advertir que los senadores de la República no elegirán a Gómez Sánchez como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, las consecuencias de su candidatura ya son irrefrenables.

Por un lado, el desgaste innecesario de las instituciones, y en lo particular de presidente Enrique Peña, por postular a alguien cercano al Grupo Atlacomulco en una posición de poder de plena autonomía e independencia. Por otra parte, el lacerante papel que deberá asumir el Ejército Mexicano tras la acusación expresa del procurador mexiquense para intentar exculparse de sus responsabilidades. Finalmente, la imagen de Alejandro Gómez ha tocado fondo, aun cuando la apuesta era impulsar su trayectoria profesional, en tanto que ha sido expuesto a una plataforma nacional, que ha exhibido una figura incapaz de asumir su amplia responsabilidad en el caso Tlatlaya.

El Ejército Mexicano enfrenta un amplio desafío, desde el sexenio calderonista, cuando se tomó la decisión que las fuerzas militares se hicieran cargo de enfrentar una guerra contra el narcotráfico, y que se ha ampliado a lo largo de la presente administración federal que ha sido incapaz de regresar a los militares a los cuarteles, pero que ha agudizado su desgaste institucional en casos como Tlatlaya.

En tanto, Alejandro Gómez es un personaje ajeno al Estado de México, arropado por el grupo de juristas más cercano al peñismo, concentrado en Alfredo Castillo y Humberto Castillejos, impuesto al gabinete eruvielista en medio de una crisis de inseguridad, que hoy transita en una inevitable turbulencia por su ambición por convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que impactará en su actuación futura en la medida que siga desempeñando la función de procurador de justicia en la entidad.

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