Pese al panorama económico desolador del año entrante, y los recortes presupuestales en el gasto corriente del Gobierno de la República, para el Gobierno del Estado de México se ejercerá un presupuesto mayor a los 261 mil millones de pesos, lo que representa un 17 por ciento adicional a lo ejercido durante el año en curso. En el abundante ejercicio financiero se encuentran sospechas de un uso irregular en medio del año electoral del Estado de México.
La Legislatura Estatal aprobó por mayoría, sin grandes objeciones y con un debate escueto, el proyecto presupuestal remitido por el Gobernador Eruviel Ávila, con mínimos ajustes a rubros de educación, seguridad, apoyo al campo y salud. La mayoría priísta desdibujó de nueva cuenta, su capacidad de frenos y contrapesos, para cumplir con su jefe político, pero deslizar su responsabilidad legislativa en la discusión y aprobación de un presupuesto abultado.
Cuando el país atraviesa por una crisis de credibilidad de su clase gobernante, y existen 8 exgobernadores acusados de corrupción, resultaba imperante que los legisladores pusieran candados para evitar el despilfarro de recursos públicos, los subejercicios presupuestales, y una preocupante pero siempre creciente deuda pública, que se acumula en las cuentas presupuestales de la entidad.
El Poder Legislativo prefirió otorgar un “cheque en blanco” al gobernador Eruviel Ávila, en la víspera de un año electoral que convierte el gasto público en un ejercicio clientelar de beneficio político para el partido en el poder. Sin herramientas suficientes para fiscalizar más de 261 mil millones de pesos, los legisladores fueron incapaces de imponer candados para acotar el gasto público, sin que éste se convierta en un mecanismo de cooptación electoral.
Los legisladores locales son cómplices de un gasto público clientelar, en la medida que dan mayor importancia a sus tareas de gestión social por encima de sus facultades parlamentarias. Cada diputado mexiquense, puede ejercer anualmente 2.5 millones de pesos, para gastar con absoluta discrecionalidad, en beneficio de su promoción personal y de sus propias clientelas electorales.
Aun cuando se ha garantizado un presupuesto superior para el año entrante, no existen condiciones que garanticen que su ejercicio sea transparente, y que se puedan obtener resultados favorables en las áreas y consignas pendientes.
La Legislatura del Estado de México fue incapaz de imponer candados fiscalizables en un año electoral, en el que proliferan las dádivas sociales, y se advierte la necesidad de evitar un endeudamiento que devenga en un escándalo de inusitadas dimensiones financieras como ha ocurrido en otros estados.
Ante la falta de candados auditables desde la legislatura mexiquense, Eruviel Ávila podría desarrollar condiciones propias que otorguen certezas sobre dos elementos fundamentales: evitar que el gasto público se convierta en un mecanismo clientelar propicia de una elección de Estado; así como consolidar una eficaz transparencia que no herede al próximo gobernador una entidad en quiebra financiera, como ha ocurrido con desastrosas experiencias con otros gobernadores, ahora perseguidos por corrupción y desvío de recursos públicos.
