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La división de poderes es una asignatura pendiente de diseñar en el Estado de México como parte necesaria de toda sociedad democrática que exige de pesos y contrapesos, para evitar un abuso de poder y dar acceso a una mayor pluralidad en la actividad legislativa de la entidad.

Sin embargo, el arrastre priísta que implica una victoria sostenida en la mayoría de los distritos electorales aunado a las alianzas políticas al momento de legislar, garantizan al gobernador Eruviel Ávila un margen de maniobra amplio para detentar el ejercicio del poder y la toma de decisiones desde el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, donde el segundo actúa lastimosamente como un subordinado del primero.

En la víspera, el mandatario mexiquense salió airoso para anunciar la alianza legislativa que ha construido entre el PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social como si se tratara de una noticia del Poder Ejecutivo, reduciendo a los diputados a un puñado de empleados más del gobernador, sin mayor recato de las formas políticas y con un anticipo de que será un poder doblegado a los designios del mandatario en turno.

Como parte de un presidencialismo priísta, el gobernador Eruviel Ávila ejecuta facultades metaconstitucionales que le permiten mantener una hegemonía sobre el Poder Legislativo. Desde su oficina se “palomearon” los 45 candidatos del PRI a diputados locales, de los que ganaron 34 y hoy sienten obligación de actuar con lealtad no hacia sus electores ni a la agenda parlamentaria de su partido sino al mandatario estatal.

Para mostrar su grado de influencia, Ávila impuso a Cruz Roa, su delfín político, como coordinador de la bancada priísta en la próxima legislatura mexiquense. Los diputados locales por unanimidad avalaron el ungimiento de Roa por las instrucciones recibidas con anticipación de la oficina del originario de Ecatepec.

Como ha ocurrido en antaño, la agenda legislativa definirá sus prioridades a partir de las necesidades y tiempos políticos del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. El ejercicio del poder del gobernador condiciona además el manejo de recursos financieros hacia los legisladores locales y eso supone una medida adicional para garantizar obediencia sobre las voluntades e instrucciones dadas por la gubernatura estatal.

Si bien Eruviel tendrá garantizada la gobernabilidad por el resto de su mandato, lo que la sociedad debiera exigir es una actuación legislativa mucho mayor responsable, que denote la existencia de una división de poderes y conlleve una sociedad más democrática acorde a la pluralidad política expresada en las urnas.

Por su parte, la oposición sin alianza legislativa, como el PAN y el PRD ha mostrado una actitud acomodaticia también distinta de ser un contrapeso al gobernador Eruviel Ávila, con posturas políticas que sólo se vuelven determinantes en momentos coyunturales como informes de gobierno o periodos electorales, pero sin una consistencia que derive en una eficaz vigilancia del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y por tanto todo se vuelve una mera simulación.

En tales escenarios, la sociedad civil organizada parece obligada a generar espacios propios de actuación desde los cuales exija mayores equilibrios al poder político y una constante rendición de cuentas que establezca límites a toda actuación de gobierno.

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