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El proceso judicial que enfrentó la semana pasada el joven universitario, Óscar Álvaro Montes de Oca en razón de una detención arbitraria, acusado de transportar una maleta con 20 kilógramos de cocaína, procedente de Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pone de manifiesto las deficiencias, omisiones, negligencias y consideraciones graves por la que atraviesa el sistema penal en México sin capacidad de respuesta.

En este espacio editorial se ha puesto de manifiesto que uno de los graves problemas institucionales que afronta el país contra la corrupción, el abuso de autoridad y demás ilegalidades es la impunidad, en el caso de Óscar Álvaro se advierte una violación sistemática a los derechos humanos y en particular a la presunción de inocencia, que debiera privar en todo proceso judicial.

De no ser por la presión ejercida a través de las redes sociales y el respaldo institucional del gobierno mexiquense y la Universidad Autónoma del Estado de México, Óscar Álvaro hubiera transcurrido en el anonimato sin la posibilidad de extender esa capacidad de reclamo a las autoridades que usan y abusan del ejercicio del poder, lo que fue fundamental para lograr su libertad.

La severidad con la que las autoridades mostraron su sagacidad a Óscar Álvaro para enviarlo de inmediato preso al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, es una condición que evitaría sin dudarlo, las conductas delictivas que siguen prevaleciendo en el país, lacerando la paz y civilidad social.

La liberación del egresado de la UAEM, ejecutada el viernes, deja pendientes por atender: uno de ellos, la vulnerabilidad del sistema judicial por acusar a inocentes de delitos mayores por su falta de rigor; la existencia de una amplia red de tráfico de drogas en aduanas que han tratado de inculpar a inocentes.

La injusticia por la que pasó Óscar Álvaro, debe dejar de ser una mera anécdota del preocupante sistema judicial, para convertirse en un referente de cambio y mejora continua. La presunción de inocencia de los detenidos debe ser apenas un ajuste que posibilite evitar la violación a derechos humanos.

La gran apuesta se debe concentrar en generar protocolos de actuación que permitan por un lado arrojar un respecto irrestricto a los derechos humanos, y por otra parte, esclarecer condiciones suficientes para que las instituciones involucradas atiendan eventuales recomendaciones futuras.

El sistema de justicia penal lleva años haciendo reflexiones y diagnósticos sobre sus retos y desafíos, pero con los mismos resultados, que parecen insuficientes para cambiar la realidad que enfrentan los mexicanos.

En la percepción lo que prevalece es una alta incidencia delictiva, un profundo grado de impunidad y un deficiente esquema de investigación que lleva a la cárcel a los inocentes, a los pobres y a los de delitos menores.

Con esa pésima fotografía del país, Óscar Álvaro Montes de Oca enfrentó la semana pasada la peor realidad imaginable para su vida. Acusado de una conducta que no cometió, nadie ha resuelto la responsabilidad del cambio de maletas y del tráfico de estupefacientes en el aeropuerto, ni tampoco se tiene en el esquema acciones tendientes a resarcir el daño provocado al joven universitario.

Lo que prevalece son las dudas, las inconsistencias, las anomalías, las omisiones y las complicidades de un sistema penal altamente deficiente.

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