El Día Internacional de la Mujer supone un reto mayúsculo para el Estado de México, el estado más poblado del país y en consecuencia con mayores retos que resolver para poco más de 8 millones de mujeres que cotidianamente enfrentan un escenario de vulnerabilidad a sus derechos humanos, no sólo desde el ámbito de la seguridad personal sino desde diversos espacios personales.
Si bien la estadística de feminicidios sostiene una incidencia preocupante, y que pone en riesgo la vida de las mujeres mexiquenses, se puede advertir que no es la única afrenta que asumen en su cotidianidad, aunado a que se trata de un problema estructural que acumula varios años de inacción e impunidad.
Lo cierto es que las mujeres mexiquenses deben sortear una serie de escollos personales y sociales que van desde actos discriminatorios en el ámbito escolar, familiar, laboral y político por el mero hecho de ser mujer. Desde esa perspectiva, las distintas instancias gubernamentales deberían asumir la toma de decisiones para revertir esas condiciones de desigualdad que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de las mujeres que se asume con normalidad.
Hasta ahora, los partidos políticos y sus candidatos en plenas campañas electorales, suponen que -al menos desde lo discursivo- otorgar un escenario de equidad de género en el reparto de candidaturas es suficiente para avanzar en la construcción de igualdad entre hombres y mujeres.
Sin embargo, lo que impera en diversos ámbitos institucionales, desde la familia y hasta el trabajo, es la existencia de distintos tipos de violencia física, psicológica, económica y sexual, que por su prevalencia sistemática se normalizan en el entramado social sin que haya acciones que las reviertan.
En el caso específico de las desapariciones y de los feminicidios, se hace énfasis desde hace una década de que su incidencia deriva de ciclos de violencia en los grupos sociales o relaciones interpersonales de las víctimas, como si esa condicionante fuera suficiente para justificar su permanencia estadística.
Lo cierto es que pese a los esfuerzos por declarar la alerta de género en el Estado de México desde hace un par de años, en una oncena de municipios con alto grado de violencia hacia las mujeres, poco ha variado la condición de vulnerabilidad y ocurrencia de actos que atentan contra su integridad.
El principal problema de la violencia contra las mujeres se concentra en dos paradigmas inaceptables: las víctimas otorgan el perdón por condiciones personales o familiares particulares, y una inaceptable impunidad ante la falta de investigaciones ministeriales o una dilación de la justicia que permea en el grueso de la población, que acentúa ese grado de vulnerabilidad social.
En esencia también debe reconocerse que los avances que puedan construirse en reconocer los derechos de las mujeres transitan por un entramado social, y no meramente en los esfuerzos aislados de gobiernos locales.
La tarea que tienen hoy los gobiernos, desde sus competencias y facultades, es entender que no hay nada que festejar, y dejar que el Día Internacional de la Mujer se convierta en un pretexto clientelar de vísperas electorales, para repensar su toma de decisiones, sus políticas públicas, sus programas de gobierno y sus acciones cotidianas para favorecer al reconocimiento y goce pleno de los derechos humanos de las mujeres.
