Ricardo Moreno**
A unos días de que se lleve a cabo la primera Consulta Popular Sobre Revocación de Mandato, en la historia de nuestro país suceden una serie de hechos insólitos que solo pasan en nuestra surrealista democracia mexicana.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y, en particular su Consejo General, ha desplegado una serie de acciones tendientes a que exista desánimo y falta de participación ciudadana en un hecho sin precedentes para nuestra democracia.
Con arrogancia y hasta cierto autoritarismo, se han apoderado del monopolio de la promoción de la participación en esa consulta. Desde su perspectiva, ellos son los “únicos” que pueden promover o publicitar la realización y la participación de la ciudadanía en ese mecanismo de participación ciudadana. Nada más alejado de la realidad y de la verdad.
Cualquier persona en lo individual o en lo colectivo puede llevar a cabo la promoción y, por supuesto, hacer proselitismo por la opción de su preferencia de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley de Revocación de Mandato que establece: “Las ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o colectiva”, lo que contradice por completo la falsa idea que han querido posicionar algunos de sus consejeros en el sentido de que sólo el INE tiene la potestad de promover la participación y que ha incurrido en una serie de excesos autoritarios durante este proceso.
De la misma forma, con la que se pretende hacer del monopolio de la promoción de la revocación de mandato, pretende callar a los partidos políticos sin tener ni razón ni fundamento legal pues el artículo 33 de la propia ley señala que los partidos políticos podrán “promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos”.
Lo que implica que la prohibición está encaminada a influir de alguna manera en las preferencias lo que no implica la promoción para que los ciudadanos participen en ese ejercicio, lo cual resulta coherente, pues es de interés público que el mayor número de ciudadanos acudan a las urnas este próximo 10 de abril.
Esta conducta de parte de los consejeros electorales del INE, encabezados por su presidente, Lorenzo Córdova, solo revela su falta de compromiso y convicción democrática. Su arrogancia que raya en autoritarismo democrático y creerse dueño del monopolio de la promoción de la cultura democrática, ha puesto en riesgo este ejercicio inédito. Los constantes valladares que han puesto en el camino desde el inicio de este largo proceso los dibuja de cuerpo entero como lo que verdaderamente son. Burócratas al servicio de la oligarquía sin convicción democrática.
El próximo 10 de abril saldremos millones a expresar nuestra opinión para que se ratifique o se remueva al Presidente. Saldremos con la convicción de que los ciudadanos tendremos de ahora en adelante el derecho de remover o no al mandatario sin tener la obligación de soportar malos gobiernos. Lo haremos a pesar de Lorenzo Córdova y sus secuaces. Lo haremos porque al final de cuentas la historia nos enseña que los derechos se conquistan y no se imploran. Nunca han sido ni serán una concesión caprichosa de los poderosos.
* Ha sido diputado federal y local. Se ha desempeñado como representante de MORENA ante el instituto electoral del Estado de México. Fue secretario del Ayuntamiento de Toluca de 2019 a 2020.
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