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Operativo Liberación: detienen a ocho líderes de bandas extorsivas y aseguran 63 inmuebles

Redacción

 

Ciudad de México; 23 de julio de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, derivado de la Operación “Liberación” implementada desde el pasado 21 de julio en 14 municipios de la entidad -principalmente del sur de la entidad-, se logró la detención de ocho sujetos líderes de una agrupación criminal relacionada con el acaparamiento de productos y la extorsión para su compra – venta en establecimientos prestablecidos con esta red delictiva.

 

En conferencia de medios en la Ciudad de México, el titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez subrayó que, este operativo fue resultado de una indagatoria que comenzó hace seis meses, en donde se integraron 63 expedientes de investigación con el fin de identificar y combatir los entramados criminales que participan.

 

En total, se logró la aprehensión de ocho objetivos relevantes -uno de ellos en el estado de Quintana Roo- por los delitos de extorsión y secuestro exprés, quienes tenían labores gerenciales. Entre los asegurados, se encuentra la tercera regidora de Ixtapan de la Sal.

 

Los ahora detenidos, están presuntamente relacionados con prácticas extorsivas en minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros semovientes, de huevo y cárnicos entre otras unidades económicas, así como transporte de carga y manipulación de paquetería, entre otros y eran parte fundamental de las estructuras de financiamiento de un grupo criminal con orígenes en Michoacán.

 

Hasta el momento, se aseguraron 24 casas de materiales de construcción y 6 minas de arena; así como 128 vehículos que eran usados por esta agrupación criminal vinculada a “La Familia Michoacana”, y que serán objeto del procesamiento de extinción de dominio por las autoridades judiciales.

 

El secretario de seguridad pública del gobierno federal, Omar García Harfuch, recalcó que el Operativo “Liberación”, se desplegó a través de 63 células operativas con la participación de 2 mil 866 elementos de seguridad, quienes realizaron cateos en 52 establecimientos.

 

Los municipios que tuvieron presencia policíaca fueron Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.

 

José Luis Cervantes explicó que, este operativo, tiene como propósito sustancial perseguir la coerción a través de unidades económicas situadas en el sur mexiquense, cuyo modo de operación está destinado a obligar a la comunidad a vender, comprar o adquirir bienes o servicios mediante actos extorsivos.

 

“Las organizaciones criminales someten a personas o comunidades completas, cometiendo conductas abusivas, sobre productos específicos donde los pobladores se ven obligados a adquirirlos en establecimientos prestablecidos”, afirmó.

 

La indagatoria pudo identificar que, producto de los actos de extorsión, existía un incremento desmedido de hasta más del 100 por ciento en materiales de construcción con respecto de precios de referencia de comercios situados en Toluca; mientras que en productos como carne de res, cerdo y pollo, los precios podían aumentar hasta un 47 por ciento, dependiendo de la zona.

 

Otros artículos asegurados fueron 686 toneladas de cemento, 137 toneladas de varilla, 52 caballos, 30 reses, 4 mil 174 pollos, 89 borregos, 353 cerdos, 17 mil 657 kilogramos de alimento y forraje, 1 leona, 1 mapache, 1 águila real y 15 pavorreales.

 

Las investigaciones lograron identificar que, el grupo criminal llevaba a cabo para ejercer controles económicos sobre la población fue el establecer un centro de distribución de paquetería en el municipio de Tejupilco al que debía llegar todo paquete con destino a municipios de la zona sur de la entidad.

 

En ese lugar era interceptada toda la paquetería de empresas como Mercado Libre, Estafeta o Fedex, posteriormente eran revisados los productos y finalmente establecían un costo ilegal al destinatario para poder reclamar el producto, en caso de no pagarlo no le era entregado. En otros casos, si a los integrantes del grupo criminal les resultaba de interés el artículo, se quedaban con él.