Toluca, Edomex; 25 de febrero de 2022.- Viene una operación política al interior de la Legislatura estatal. El bando morenista ha enviado a la carga, al menos a dos aspirantes que pudieran identificarse con la 4T, al trámite de selección del titular de la Fiscalía General de Justicia; el propósito es entrar a un proceso de negociación con la fracción priísta, antes de firmar un cheque en blanco en la designación de quien encabece la FGJEM para los próximos nueve años.
El PRI apuesta a una figura que le permita garantizar un fiscal a modo, sin importar quién resulte ganador en los comicios del año entrante. La apuesta de quienes se han inscrito para reemplazar a Alejandro Gómez Sánchez se concentra en darle continuidad a un trabajo altamente cuestionado, de poca autonomía, y de múltiples carencias para quienes son víctimas del delito.
Este viernes cierra la etapa de registros, y en adelante, se podrá identificar a quiénes entrarán a la negociación para perfilar a la terna más destacada.
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Han pasado casi sesenta días de que iniciaron funciones los 125 presidentes municipales. Una veintena de alcaldes preparan un pliego de observaciones para que el OSFEM investigue posibles irregularidades financieras de sus municipios. El mayor pasivo heredado está en las nóminas adeudadas, deudas bancarias laudos laborales y cientos de proveedores con cuentas por cobrar. Lo cierto es que, los procesos son profundamente lentos y extensamente burocráticos.
A propósito de los nuevos ayuntamientos, sería deseable se transparentara cuántos municipios ya han cumplido con la certificación de sus funcionarios entre quienes se incluyen síndicos, secretarios del ayuntamiento, tesoreros, contralores y directores de obra pública. Quienes no tengan las evaluaciones a más tardar el mes de junio, deberían renunciar al cargo que desempeñan, pero nadie le da seguimiento para hacer cumplir la ley.
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La promesa de campaña sobre la policía metropolitana no tiene viabilidad institucional, operativa, financiera y legal. Es una propuesta electorera que se impulsó el año pasado, particularmente en Tlalnepantla, pero que no comparte con ninguno de los municipios colindantes. Son tantos los problemas administrativos y sociales, que nadie dedicará esfuerzos a una estrategia imposible. Es ilegal pensar en un cuerpo policíaco que comparta mando, o peor aún, que surja como una autoridad intermedia entre el estado y municipios.
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Enrique Vargas insiste en que, la postura de las dirigencias nacional y estatal de su partido, es de apertura a una alianza con el PRI hacia 2023, pero postulando “al mejor posicionado” en las encuestas. Afirma que las únicas voces autorizadas para hablar sobre las coaliciones es Marko Cortés, Anuar Azar y el propio diputado local. Hasta aquí, el derecho de réplica solicitado por el panista.
En el transcurso de este jueves, se emitió un comunicado para abordar lo escrito en esta columna ayer mismo; a los medios que nos dedicaron su lectura para tomarnos como referente, nuestra gratitud periodística.
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