Toluca, Edomex; 12 de septiembre de 2019.- La trama de la Estafa Maestra podría trastocar otras áreas del sexenio peñista. La contratación de universidades y tecnológicos estatales que apunta a un desvío sistemático de recursos públicos ya alcanza diez denuncias penales. En el resto del año, la Auditoría Superior de Fiscalización contempla presentar otros tres expedientes ante la Fiscalía General de la República. En total, las auditorías ya engloban irregularidades hasta por tres mil millones de pesos.
Una denuncia más ha sido presentada por la ASF, que va más allá del sector central de la Sedesol que encabezaba Rosario Robles. El expediente ya presentado ante el Ministerio Público se relaciona con Diconsa, dirigida por el atlacomulquense, Héctor Velasco Monroy, uno de los hombres más cercanos al expresidente de México. En su actuación se habrían detectado violaciones a la Ley de Adquisiciones por inconsistencias en la contratación de servicios.
David Colmenares -titular de la ASF-; Santiago Nieto Castillo –titular de la UIF-; y Alejandro Gertz –fiscal general de la república- han tomado a la Estafa Maestra como un caso emblemático del combate a la corrupción que encabeza el gobierno lopezobradorista. Rosario Robles permanece encarcelada, y en los próximos días tendrá nuevas acusaciones en su contra. Sin embargo, los datos ahora proporcionados por la ASF advierten consecuencias penales para el círculo más íntimo de un exgobernador que pasea, disfruta y reside en Europa.
En el transcurrir de los meses, la opinión pública parece haber olvidado un caso prioritario para López Obrador: la investigación en contra de Emilio Lozoya, que podría incidir no sólo en un desfalco hacia las finanzas de Petróleos Mexicanos, sino además en una serie de sobornos por parte de Odebretch vinculados con la campaña presidencial de Peña Nieto. Mientras que Lozoya ha aplazado, una y otra vez, la difusión de un video donde explicaría las presuntas inconsistencias.
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Ayer, durante la inauguración del edificio de la Procuraduría para la Defensa del Menor, el gobernador Alfredo Del Mazo recorrió las instalaciones con su esposa Fernanda Castillo; el director del DIFEM, Miguel Ángel Torres; los secretarios de Obra Pública y de Justicia, Rafael Díaz Leal y Rodrigo Espeleta; y Cristel Pozas, procuradora del DIFEM. Mientras afuera, en el presídium, esperaba ansiosa por más de una hora Olga Esquivel, a quien simplemente no juntaron en el círculo más cercano e involucrado con la protección de niños, niñas y adolescentes. El desdén fue inocultable para quien encabeza el sistema de protección de ese sector de la población.
Al interior del DIFEM, las prioridades han cambiado en los últimos dos años, sobre todo porque su presidenta –al contrario de su antecesora- no tiene aspiraciones electoreras. Eso evita que pierda la mitad de su tiempo en la promoción de sus redes sociales. Quizá por esa misma razón, el director de la institución, Miguel Ángel Torres sea quien en público y en privado se autodescarte para migrar a la dirigencia del priísmo estatal.
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