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EDITORIAL (24-08-2015)

La resolución dada a conocer por parte de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, en relación a que no existió conflicto de interés por parte de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray en la adquisición de bienes inmuebles al Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, y a la familia San Román en Ixtapan de la Sal, ha reavivado las críticas a la credibilidad institucional frente a la sensación de impunidad que lacera a quienes se sienten agraviados por una relación turbia entre la clase política con los contratistas consentidos del gobierno federal.

El problema de fondo, apunta hacia una obsesión de la clase gobernante de este país, y que está vinculada con la acumulación de la riqueza y la evolución patrimonial que en repetidas ocasiones no empata entre los ingresos y los egresos de esos políticos. La carrera política de muchos se ha defenestrado bajo la sospecha de un enriquecimiento al amparo del poder político en connivencia con el poder económico.

La intención acelerada del Gobierno de la República, por cerrar el expediente que agudizaba una crisis de posible corrupción que involucraba al presidente y su familia, parece llegar en un momento poco propicio para el mexiquense Enrique Peña, cuando le resta una semana para rendir su tercer informe de gobierno, y arribar a la mitad de su mandato con una profunda desaprobación social.

Sin mayores sorpresas, Virgilio Andrade cumplió con la labor para la que fue contratado: investigar un conflicto de interés y exonerar a los presuntos involucrados. La andanada de críticas en redes sociales estaba presupuestada en la reacción a un intento por cerrar  la crisis política desatada por la riqueza patrimonial de Peña, Rivera y Videgaray.

De nueva cuenta, el diseño institucional ha sido lacerado porque la investigación y sus resultados han sido inaceptables para grandes sectores de la opinión pública, agravados por una disculpa del presidente Enrique Peña, cuando se supondría que no tiene culpas que asumir.

El equipo de Enrique Peña está lastimado desde la evidencia del enriquecimiento patrimonial de su familia y su círculo cercano. La gestión de crisis ha sido incierta y equivocada, desde la aclaración de Angélica Rivera en redes sociales hasta la reciente exoneración de Virgilio Andrade sobre la legalidad de los movimientos inmobiliarios de los involucrados.

El conflicto de interés acompañará al gobierno peñista hasta el final del sexenio, en donde se engloba los privilegios que han obtenido en los últimos tres años los grupos empresariales vinculados al Grupo Atlacomulco, en el que se incluye Juan Armando Hinojosa, los San Román, Roberto Alcántara, Carlos Hank Rhon y la española OHL.

Las imputaciones formarán parte de los grandes proyectos de infraestructura en que se involucren los grupos empresariales que han tenido un ascenso vertiginoso como contratistas del gobierno federal y un tufo corruptor que involucra a la élite política que despacha en Los Pinos.

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