Cuando el Estado de México cuenta con una alta marginación y pobreza, padece de severos índices delictivos, refleja una profunda desigualdad social y adolece de una precaria educación y servicios de salud lo más importante en la última semana ha sido la aplicación del examen antidoping. Parece que las propuestas ya se acabaron, o que las estrategias de posicionamientos no han resultado tan efectivas como se desearía.
El peor de los casos, es que nadie creyó los resultados del doping de los candidatos. Bravo Mena se hizo una prueba rapidísima y en cosa de 15 minutos aseguró que está libre de sustancias nocivas. Eruviel Ávila se practicó los análisis en la UAEMéx, por lo que nadie tampoco quedó satisfecho con esos resultados. Y Encinas lo hizo muy en corto, muy en privado. En los tres casos hubo cero transparencia, en ese rubro hubo reprobación de los tres candidatos a gobernador.
Lo que faltó por ver fueron sus estados bancarios. Encinas reportó una cuenta por 300 mil pesos, pero hasta el momento nadie ha acreditado documentación real que avale sus dichos. Por ahora, las actividades para este miércoles también serán mínimas para asistir al debate que ha preparado Televisa esta noche con los tres candidatos a gobernador.
Eruviel Ávila sigue presumiendo que él presentó ante notario público su declaración patrimonial. Lo raro de esa declaración patrimonial es que aparece notariada con fecha del 16 de mayo, y la hizo pública el mismo 16 de mayo pero a la media noche. O su notario lleva otro calendario, o la fe notarial presentada carece de cualquier validez.
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Voces priístas se desgarran las vestiduras para defender a Jorge Hank Rhon. Gritan por los cuatro vientos que la actuación de la PGR es insostenible, lamentable y reprobable. Pero quizá olvidan el entredicho en que ha quedado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quien ha criminalizado, y luego ha tenido que recular con el famoso “usted disculpe” por negligencia u omisión de los peritajes o indagatorias realizadas.
Un par de casos para muestra. Lissette Farah fue linchada públicamente por el entonces procurador Alberto Bazbaz, como indiciada en la muerte de su hija Paulette Gebara. Tras largos peritajes se determinó que la menor murió por accidente. Se dejó libre de culpa a la señora Farah. La investigación fue tan cuestionada que llevó a la renuncia de Bazbaz.
El caso Atenco. El entonces procurador Abel Villicaña encarceló a más de 207 personas. Cerca de 197 enfrentaron el proceso bajo caución. Cinco extranjeros fueron deportados. Otras 14 personas fueron sentenciadas. Tres de ellas a más de 200 años de cárcel. Pero la Suprema Corte de Justicia les corrigió la plana, y los liberó tras permanecer cuatro años en prisión. Escupir para arriba no viene nada bien, mucho menos en política.
