Toluca, Edomex. 27 de octubre de 2015.- En las últimas semanas, se ha desatado de forma repentina una serie de hechos violentos en las zonas limítrofes del Estado de México con el Distrito Federal, en el que los gobiernos locales buscan responsabilizar al vecino de la cruenta ola criminal que los lacera. El reflejo es una serie de ejecuciones implicada con la presencia de grupos del narcotráfico sin distingo de límites territoriales a pesar de la pretendida invisibilidad que pretenden hacer del problema tanto Eruviel Ávila como Miguel Ángel Mancera. La presencia del narco es innegable y debiera ser un asunto atendible en una coordinación metropolitana hoy inexistente.
Con ambiciones políticas y personales irreconciliables, Ávila y Mancera han transitado por rutas paralelas pero sin coincidencia a lo largo de los últimos tres años. El problema del narco, sin embargo, se ha arraigado en la zona del Valle de México pero no es un asunto que haya brotado intempestivamente. Desde hace más de una década, la metrópoli que conforman Estado de México y Distrito Federal se ha convertido en el mercado más prolífico para el narco, y ha traído como consecuencia una creciente criminalidad entre grupos que se disputan el control de la plaza, ante la negligencia, displicencia, omisión o corrupción de las autoridades.
Hoy el asentamiento del narco en el Valle de México se ha salido de control. Si el narco tardó casi una década en expandirse, resulta inverosímil que su combate será cuestión de unas semanas. La presencia criminal no distingue ni de límites geográficos ni de aspiraciones presidenciales. Es insuficiente pensar que al narco se le combatirá con armas, policías y videocámaras. El tejido social se encuentra colapsado. Los cuerpos policíacos coludidos. Las autoridades son entrampadas. Y el narco lo abarca todo.
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La semana pasada se avaló en el Senado de la República la desindexación del salario mínimo como unidad de cuenta. La aprobación legislativa implica que multas, sanciones y otras disposiciones administrativas dejarán de ser medidas con base en el salario mínimo y se deberá crear una Unidad de Medida para realizar dichos cobros. La iniciativa pretende desvincular el salario mínimo de factores inflacionarios, que le permita en el mediano plazo impulsar incrementos al salario mínimo y generar una sostenida recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, la nueva disposición legal deberá homologarse a nivel nacional.
Hasta el momento, el Estado de México no se ha pronunciado respecto de la necesidad de homologar de la normativa estatal para desindexar el salario mínimo de disposiciones administrativas. El asunto no es menor, en tanto que sólo se requiere la ratificación de la Cámara de Diputados Federal para que la nueva regla de medida pudiera entrar en vigor el año entrante. A la fecha, ni en el escritorio de Eruviel Ávila ni en la Legislatura mexiquense existen referentes de una ley que desvincule el salario mínimo de los factores inflacionarios.
Apenas el fin de semana, el secretario del Trabajo, Javier García Bejos difundió su reunión con la comisión legislativa del Trabajo, encabezada por el petista Óscar Vergara, pero no hubo una sola línea acerca del salario mínimo, y la andanada legal que deberá empujarse para homologarse con las reglas nacionales. A veces lo que prevalece es la comunicación para tomarse la foto, pero no necesariamente para atender la agenda pública o la coyuntura social. El Estado de México deberá pisar el acelerador en el transcurso de las semanas siguientes.
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