Lo que ocurre en Apodaca, Nuevo León es un aviso al sistema penitenciario del país. En el Estado de México las cárceles son desde hace años insuficientes. El colapso del sistema carcelario no ha sido atendido en su dimensión real. Las cárceles que habían sido anunciadas –para construir o ampliar- desde el sexenio de Arturo Montiel sólo quedaron en buenas intenciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya con el mandato de Eruviel Ávila habría que recordarle que de buenas intenciones está lleno el camino al infierno, algo que podría dejar muy mal parada a la recién creada Secretaría de Seguridad Ciudadana responsable de esa circunstancia.
El problema de las cárceles en el país, y en el Estado de México, va más allá de la convivencia entre reos del fuero común y federal. La condición más lacerante es la corrupción, las extorsiones cometidas por el personal de custodia, el ingreso de artículos y sustancias prohibidas a los penales mexiquenses, y por supuesto el hacinamiento carcelario. Hace años que el Estado de México no informa de decomisos de drogas o enseres de lujo al interior de las celdas, lo que arroja como conclusión únicamente dos posibilidades: o los internos registran muy buen comportamiento, o las autoridades son omisas en las revisiones de las cárceles. Usted, por cuál vota.
Muchas visitas sorpresa de Eruviel Ávila y pocas conclusiones. Hace algunas semanas Eruviel Ávila estuvo en la cárcel estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, pero más allá de lo sorpresivo que resultó su visita junto al secretario de seguridad ciudadana, Salvador Neme; y al director de reclusorios Erick Sevilla, no se supo más de lo que se encontró. Irregularidades, deficiencias, anomalías, nada. En la misma cárcel en que estuvo Raúl Salinas –gozando de grandes privilegios-, y donde encarcelaron a cientos de atenquenses –con acreditadas violaciones a derechos humanos- que resultaron inocentes, el mandatario mexiquense sólo estuvo para la foto y se fue.
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La elección por venir será más judicial que política. Las denuncias ya proliferan de uno y otro lado. Tanto PAN como PRI han tomado medidas para investigar las corruptelas y delitos del oponente, y se dan golpes de pecho para hablar en nombre de la democracia. Lo que queda claro es que el PRI ha entrado en la dinámica que el panismo pretendía. La guerra mediática y judicial ya es de dos; el bipartidismo tan conveniente para la estrategia calderonista está en marcha.
El PRD no sólo está rezagado de las encuestas, sino también del pleito político y jurídico que ya han distendido PAN y PRI. Uno en su condición de gobierno, el otro en su circunstancia de oposición. Ambos saben que la guerra del poder es a prueba de todo, y cualquier paso en falso puede marcar diferencia. El PRD por más que busca inmiscuirse en la discusión política ha quedado marginal del debate. Parece que los seis años de campaña de su precandidato fueron insuficientes para revertir las opiniones negativas, y no tiene margen de crecimiento.
Las intercampañas siguen inentendibles para los políticos. Los mismos que redactaron las leyes hoy se dan de topes por estar impedidos de hacer proselitismo. El costo político lo asume el IFE frente a las indefiniciones legales existentes. Lo cierto es que los únicos responsables son diputados federales y senadores que redactaron lo que hoy es una prohibición permanente, en medios, en mítines, en todo. Entrampados en sus acuerdos, y en legislar sobre la inercia, la realidad los ha rebasado y están desesperados para seguir en lo suyo, en las campañas.
