La creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace algunos meses por parte de Eruviel Ávila parece sólo un cambio de membrete de la extinta ASE. Su responsabilidad disuasiva y preventiva hacia la delincuencia común y organizada sólo cabe en un manual de buenas intenciones, frente a la lacerante violencia que aqueja al Estado de México. Ejecuciones y linchamientos han marcado significativa y negativamente los primeros meses en el gobierno eruvielista. La actuación de la Policía Estatal no se modificará por arte de magia sólo por asignarle mayor presupuesto y una más robusta estructura administrativa en su operación pública.
Rogelio Cortés Cruz no será removido de la Policía Estatal. Pese a las evidencias videográficas que existen, y evidencian al comandante de la Policía Estatal dando cátedra sobre “mordidas” a agentes de tránsito, su control político al interior de la corporación prácticamente lo hace insustituible, aunque no indispensable. Las autoridades estatales sólo han dado largas al procedimiento administrativo que enfrenta el policía conocido como “Cronos” quien saldrá exonerado de las indagatorias, por no comprobarse un delito en flagrancia que le sea imputable. El costo político para la Secretaría de Seguridad Ciudadana parece inevitable en su actuación.
Salvador Neme Sastré, según reconocido por él mismo, sabe y entiende poco del tema de prevención y disuasión del delito. Su ascenso al poder político se da como diputado local por el Partido Verde Ecologista en los tiempos de Enrique Peña Nieto. Posteriormente se desempeñó como subprocurador general de justicia, y mediante su cercana relación con el hoy precandidato presidencial, se instaló como secretario de seguridad ciudadana. En el ejercicio del poder mantiene una disputa con el procurador de justicia estatal, Alfredo Castillo Cervantes para detentar el control en el tema de seguridad dentro del gobierno de Eruviel. Lo cierto es que ambos no son gente de confianza del actual gobernador, y no están en el ánimo de darles un respaldo absoluto.
Las 76 ejecuciones que ya suman en el Estado de México, durante los primeros 48 días de 2012, dan muestra de la descomposición social que prevalece en la entidad. El tejido social se encuentra resquebrajado, y las áreas de seguridad permanecen insolentes, pese a la cruenta violencia que se recrudece mediante personas que son calcinadas, degolladas, y otras tropelías que dan muestra de un altísimo grado de crueldad, pero sobre todo, un grave asunto de impunidad. Mientras los delitos ocurren a cada momento, las autoridades mexiquenses anuncian detenciones en cascada de integrantes del grupo delictivo denominado la Familia Michoacana, que de resultar verdad, serían una familia harto numerosa, a la cual parece no encontrársele el fin.
El caso del linchamiento ocurrido recientemente en Chalco, volvió a desnudar la incapacidad e inoperancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su falta de coordinación con las policías municipales y su rezago en la forma de accionar frente a situaciones de crisis quedó evidenciada. La muerte de tres personas es parte de la cifra más lamentable con que se enfrenta hoy la Policía Estatal, y que por un caso similar en el Distrito Federal le costó la renuncia inmediata a Marcelo Ebrard. Hoy el Estado de México sólo arremete contra mandos medios, sin trastocar los privilegios de los mandos superiores como Salvador Neme, quien sigue gozando del sueldo del erario.
Por si fuera poco, la puesta en marcha de agentes de tránsito de sexo exclusivamente femenino, no es garantía de que no existan actos de corrupción. La famosa policía del transporte, no previene la serie de asaltos que siguen siendo parte de la cifra oculta de delitos que no se denuncian, pero que se cometen a diario. Los problemas de la delincuencia común son parte de la estadística permanente para la población mexiquense. Da lo mismo tener una dirección general de seguridad pública, que una Agencia de Seguridad Estatal, o una Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el caso es la misma gata nomás revolcada.
