Toluca, Edomex; 20 de septiembre de 2022.- Será hasta la semana entrante cuando inicie la glosa del quinto y penúltimo informe del gobernador, Alfredo Del Mazo. Todo apunta que, a los diputados locales no les corre prisa para evaluar los resultados del mandatario estatal. Para conocer quiénes deberán comparecer ante el pleno del Congreso local, podría ser hasta el jueves 22, cuando se apruebe el calendario por parte de legisladores mexiquenses. En esa ecuación, cualquier ajuste al gabinete estatal deberá posponerse aún más.
Ahora bien, en la Legislatura del Estado de México hay dos temas que parecen prioritarios y hasta urgentes por los plazos legales y los tiempos electorales que se avecinan: por un lado, la discusión y aprobación de la ley de gobiernos de coalición; y también, la eventual legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Si no hay presiones políticas o legislativas de ningún tipo, el Congreso local podría sacar adelante ambos dictámenes la semana entrante.
Para el jueves, las comisiones legislativas tienen contemplado sesionar para “discutir y eventualmente dictaminar” la ley de gobiernos de coalición. En caso de que exista intención para que entre en vigor un gobierno de coalición a partir del sexenio 2023 – 2029, es indispensable que la normativa en la materia entre en vigor antes de que concluya el mes de septiembre. Por ahora, parece haber consenso de todas las fuerzas políticas, particularmente de quienes requieren de una alianza electoral robusta para competir en las elecciones de 2023.
Para el viernes, se ha convocado a las comisiones legislativas para analizar la legalización de matrimonios igualitarios. Sin embargo, en esta ocasión se ha omitido la posibilidad de dictaminar la ley en la materia, aun cuando desde el pasado mes de mayo había hasta un predictamen con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios -con excepción del panismo conservador-. En la suspicacia, deja la impresión de que, algunos diputados mantienen su resistencia con el tema, y prefieren el voto en contra o la abstención para evitar el costo político con los grupos eclesiásticos que rechazan esa legalización.
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El PT ha anunciado que propondrá que el salario rosa se convierta en un programa universal para las jefas de familia mexiquenses de escasos recursos. La iniciativa pretende, de acuerdo al discurso político, evitar que el apoyo asistencial se convierta en una herramienta clientelar del partido en el gobierno, mediante la promoción y movilización de votantes mujeres en junio de 2023.
Es cierto, la propuesta quitaría la bandera de gobierno de las mujeres al mandatario en turno, y a la aspirante oficial por la gubernatura; pero los priístas duermen tranquilos porque saben que no existe capacidad presupuestal para hacer que este programa pueda apoyar a más de 200 mil mujeres cada año, y mucho menos hacerlo una entrega económica permanente e indefinida en tiempo.
Aún más, hay quien insiste que el salario rosa como propuesta electoral, a la distancia del sexenio, ha dejado más inconformes que beneficiarias satisfechas, y eso, a la larga podría convertirse en el mayor costo electoral de la mujer que presume el salario rosa como bandera de una precampaña anticipada y personalizada. Quizá, en el fondo, es lo que pretende visibilizar Óscar González y los suyos.
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