En el último año de gobierno de Arturo Montiel, el presupuesto destinado a la Procuraduría General de Justicia fue por cerca de 800 millones de pesos. En contraparte, el primer presupuesto asignado por el gobierno de Eruviel Ávila Villegas a la misma dependencia, se estima supere los 2 mil 200 millones de pesos. Es un crecimiento exponencial del 200 por ciento sin que exista reflejo de esas cifras en la atención de los Ministerios Públicos, capacitación, investigación criminal, abatimiento de órdenes de aprehensión pendientes, servicios periciales. Los vicios de origen no se han modificado un ápice, y todo queda en meros discursos y apariciones mediáticas.
Pese a que la institución ministerial cuenta con mil 400 millones adicionales a los que ejercía hace un sexenio, en la estructura de la dependencia existen los mismo 500 agentes del MP, y casi mil 200 policías ministeriales para atender casi 200 mil denuncias anuales por diversos delitos, para abatir la impunidad. La cifra puede sopesarse de mejor manera cuando se entiende que los agentes del MP atienden las denuncias de presuntos delitos en agravio de 15 millones de mexiquenses. Simplemente las finanzas de la procuración de justicia en la entidad no cuadran, ni por muchas conferencias de prensa que otorgue Alfredo Castillo Cervantes.
Otro error sistemático en Alfredo Castillo y sus asesores, es aseverar que una baja en las denuncias penales es equiparable a una disminución en la incidencia delictiva. Estudios demoscópicos tienen pruebas de que los delitos que no se denuncian es cercano a un 80 por ciento a partir de una desconfianza en la autoridad ministerial, en temor a represalias por parte de los delincuentes o a que simplemente consideran una pérdida de tiempo asistir ante un MP para querellarse por la comisión de delito alguno.
En la ruta crítica de Eruviel Ávila por hacer ajustes a su equipo de gobierno, marcadamente se perfila la salida de los funcionarios que fueron ratificados, y que venían colaborando con el hoy precandidato presidencial Enrique Peña. La lista pues, la encabezan Alfredo Castillo Cervantes, procurador de justicia estatal; además de los secretarios de la Contraloría, Alejandro Hinojosa; de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings y de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas. Las modificaciones insistentemente se señala podrían ocurrir en el mes de Enero, cuando empiece el palomeo de candidatos a puestos de elección popular.
En la loza que carga Alfredo Castillo se encuentra el polémico caso Paulette, del cual fue el subprocurador encargado de las indagatorias, por instrucciones de su jefe en turno Alberto Bazbaz Sacal, quien fue sacrificado de la escena política frente al escarnio público de la inverosímil investigación. Los cálculos de los asesores de Eruviel Ávila otean que para la guerra sucia electoral de 2012, la pequeña Paulette será un tema de rentabilidad política para pegarle a Enrique Peña Nieto, donde más vale un desmarque respecto de Castillo Cervantes, y evitar un desgaste innecesario en contra del mandatario en turno.
La única barrera de protección de Alfredo Castillo es el ex secretario de Agua y Obra Pública, David Korenfeld Federman, quien por cierto ya encontró acomodo en el equipo cercano a Peña Nieto. En el mes de Enero, cuando el aspirante presidencial priísta dé a conocer a su círculo de campaña reaparecerá Korenfeld, sitio en el que por cierto podría encontrar acomodo desde Bazbaz hasta Castillo. Con el proyecto presidencial del Grupo Atlacomulco, el sol sale para todos.
