Toluca, Edomex. 17 de abril de 2015.- Alfredo Castillo ha sido rescatado del ostracismo. Por alguna razón que se desconoce, Castillo es uno de los hombres consentidos de Peña Nieto, para ocupar en menos de 30 meses ya cuatro encargos en el gabinete peñista. Algo es seguro, la trayectoria de Alfredo no está caracterizada por la eficiencia, sin embargo, se ha vuelto en uno de los imprescindibles en el equipo peñista. Ayer el exprocurador de justicia mexiquense fue designado como titular de la Comisión Nacional del Deporte.
Castillo acumula diversos desencuentros en el gabinete peñista. Desde su arranque, salió enemistado con Jesús Murillo, cuando ambos trabajaron en la PGR, y el mexiquense se indisciplinó con el hidalguense, lo que forzó su salida rumbo a la Profeco. En su paso por Michoacán, también mantuvo fricciones con el otro hidalguense del gabinete, Miguel Ángel Osorio, de quien dependía el cargo del Alfredo, pero éste sólo se reportaba con Luis Miranda, identificado como su arropo en el peñismo.
Por si fuera poco, Castillo también tuvo rispidez con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Alfredo incomodó a Videgaray con el manejo de las finanzas michoacanas, las cuales estaban a cargo de hombres cercanos al titular de Hacienda. Las cosas terminaron mal. Ahora Castillo llega a un área bajo las órdenes de Emilio Chuayffet, quien hay que decirlo, no soportó más a Jesús Mena y lo puso en la calle. La relación entre Chuayffet y Castillo es por ahora una incógnita, pero todo apunta a que se convertirá en una intensa lucha de egos.
Por cierto que Peña tiene cargos pendientes de designar: las subsecretarías de derechos humanos y población, ambas de la Secretaría de Gobernación, entre las más importantes. Hay una más en la Secretaría de Desarrollo Social y una Subprocuraduría acéfala en la PGR. Los espacios vacantes son de personajes que se fueron a hacer campaña. En pleno periodo electoral parece que Peña no piensa en ocuparlos, y reservarlos para eventuales candidatos perdedores, y otorgarles en su caso premios de consolación.
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Entre más se abre la indagatoria del caso Tlatlaya peor quedan paradas las autoridades mexiquenses. Tanto presumen la seguridad en el estado, pero resulta que el Ministerio Público llegó tarde a la escena del crimen por temor. Tanto se habla de la fortaleza de las instituciones pero es cierto que los responsables de investigar no cuentan con la destreza ni la capacidad para desplazarse a una zona secuestrada por el crimen. Con unas autoridades doblegadas de principio a fin, parece muy entendible la vulnerabilidad de la población frente a la delincuencia organizada.
La comparecencia de José Manzur con los diputados federales fue de desafortunada a lamentable. Los argumentos de Manzur en el crimen de Tlatlaya lo pone como un funcionario timorato que puede engañar a los legisladores y a la población. La administración mexiquense se niega a reconocer su torpeza, asumir sus responsabilidades y resarcir los daños provocados. Manzur parece en un callejón sin salida, y del cual el gobernador se opone a buscar la forma de remendar el mayor error de su gestión.
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