Del 15 al 22 de Marzo, deberán quedar registrados los candidatos a senadores y diputados federales de cara a los comicios locales de 2012. Los nombres de quienes resulten palomeados deberán conocerse en cuestión de 60 días. Quienes vayan al Senado o a San Lázaro, deberán cubrir el perfil de interlocutores de amplia experiencia, ante la posibilidad de que en la oficina presidencial despache el hijo pródigo de Atlacomulco. La lista de los cargos federales, parece ser una concesión aún en poder de Enrique Peña para inclinarse a favor de sus lealtades.
La lista de aspirantes al Senado por parte del priísmo es larga, y es encabezada por dos ex gobernadores: Emilio Chuayffet -actual diputado federal-; y Alfredo del Mazo González. El nombre de Arturo Montiel es recurrente, pero su situación política no está para exponerse frente al electorado, por lo que ingresará directamente, a través de lista de representación proporcional. Sin embargo, hay diputados federales y alcaldes, que podrían colarse a la posibilidad de contender por un espacio en la Cámara Alta.
La segunda posición de la fórmula al Senado de la República se ha otorgado al Partido Verde Ecologista de México. Además que por una cuestión de género, la posición será destinada a una mujer. Pese a ello, hay tres nombres de alcaldesas priístas que surgen de forma recurrente en el escenario político: Azucena Olivares -de Naucalpan-; Ana Lilia Herrera -de Metepec-; y María Elena Barrera -de Toluca-. No descarte de ese listado a la actual secretaria del PRI estatal, Martha Hilda González.
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La ubicación del penal de máxima seguridad del Altiplano ha vuelto a ser un tema de peligrosidad para el Estado de México, y en particular para el Valle de Toluca. La muerte de una funcionaria del Poder Judicial de la Federación, adscrita a un juzgado que llevaba asuntos relacionados con el narcotráfico, ha encendido los focos de alerta. Familiares de narcotraficantes residen desde hace décadas en el municipio de Metepec, y en la última década se ha pronunciado la ejecución de custodios, jueces y abogados. El problema nunca se fue, sólo se había minimizado, o dejado en el olvido.
La reubicación de la cárcel federal sólo en asunto retórico e inviable. El lavado de dinero forma parte de la economía del Estado de México. Los centros de inteligencia, saben bien, quiénes son los familiares y abogados de los capos del crimen organizado, dónde viven y a qué se dedican. Los mandos policíacos son en general, omisos y negligentes. La creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tratará de inhibir los delitos del fuero común, pero no está en su capacitación el combate frontal a la delincuencia organizada.
Los niveles de corrupción no distinguen ámbitos de competencia. Custodios, policías, jueces y abogados forman parte del mismo interés: otorgar protección y beneficios a los sicarios y narcotraficantes recluidos en el Altiplano. En el crimen organizado como en la política, todo lo que se pueda comprar resulta barato. Las buenas intenciones de Eruviel Ávila y la retórica de Felipe Calderón es insuficiente para poner fin a las ejecuciones tan latentes en el Valle de Toluca.
