Toluca, Edomex; 16 de febrero de 2022.- La suerte está echada. El fiscal de justicia, Alejandro Gómez Sánchez renunciará a su encargo veinte meses antes de concluir su responsabilidad. Fue el último procurador y primer fiscal de justicia en el sexenio de Eruviel Ávila, recomendado por el equipo jurídico de los Cervantes, que ejerció absoluto dominio del área en el círculo peñista. Su anticipada salida ha levantado la sospecha de que se trata de un acuerdo político, para garantizar una transición tersa en la sucesión de la gubernatura en 2023.
En la práctica, la Fiscalía General de Justicia no ha cambiado un ápice en su percepción social respecto de la PGJEM; por lo que, la expectativa del nuevo fiscal es que haga realidad la autonomía institucional y una mejora en los procesos de atención desde los Ministerios Públicos hasta la Policía de Investigación, pasando por los Servicios Periciales. Un desafío descomunal.
La designación del nuevo fiscal de justicia requiere de las dos terceras partes de la Legislatura estatal, lo que exigirá un nombramiento pactado entre el gobierno delmacista y la mayoría de la bancada morenista. Desde ahora, los grupos del poder público pretenden incidir para hacerse del control de la fiscalía de justicia para que todo quede en un reparto de cuotas y cuates, como ha ocurrido históricamente con las instituciones autónomas del ámbito gubernamental.
Desde 2008, el grupo de los Cervantes ha influido en la designación de tres procuradores: Alberto Bazbaz, Alfredo Castillo y Alejandro Gómez; con una breve pausa ocupada por Miguel Ángel Contreras Nieto. Su dominio por más de una década ha construido un coto de poder indeseable que deberá ser evaluado por la oposición legislativa, al momento de revisar los perfiles para el reemplazo.
En el mejor de los casos, se deberá buscar una trayectoria apega a temas de procuración de justicia, o caer en la tentación a favor de un prospecto político, en donde expresidentes del Poder Judicial o de la Codhem aspiran al cargo.
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En la víspera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la convocatoria para designar a los nuevos magistrados de la Sala Regional Toluca del TEPJF, conformada por tres magistrados -que serán dos mujeres y un hombre- quienes serán nombrados por el Senado de la República. La integración de este órgano jurisdiccional deberá quedar definida este año para calificar las elecciones por la gubernatura de Hidalgo en 2022, y de Estado de México en 2023.
También, desde el Senado de la República se mantiene pendiente la designación de un magistrado al interior del Tribunal Electoral del Estado de México en sustitución de Jorge Muciño, quien concluyó su periodo el año pasado.
Tanto el Tribunal Electoral del Estado como la Sala Regional Toluca del TEPJF serán los órganos jurisdiccionales en donde recaerá la validación de los comicios de gobernador de 2023. Sus nombramientos deberán concluirse este año.
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