Toluca, Edomex. 15 de febrero de 2019.- Los senadores priístas aprobarán la Guardia Nacional, y con sus votos será suficiente para ratificar lo avalado hace algunas semanas en San Lázaro. Ya tres gobernadores priístas se sumaron a la iniciativa: Alejandro Cárdenas, Alejandro Murat y Héctor Astudillo. Es altamente probable que el mexiquense, Alfredo del Mazo se pronuncie a favor. El respaldo del PRI estatal hacia López Obrador va en serio.
El único senador priísta mexiquense, Eruviel Ávila Villegas votará a favor de la Guardia Nacional. El exgobernador dijo sí al mando civil, y no al mando militar. Pero en un discurso ambiguo, anunció que buscarán alternativas. Las diferencias por las Estancias Infantiles no transitan por la agenda delmacista. La prioridad es aprobarle la agenda legislativa al gobierno federal. La minibancada senatorial ya está sumada a esa reforma.
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La próxima semana, los 125 municipios deberán aprobar por cabildo, sus proyectos presupuestales. Allí se definirán sus prioridades como gobiernos locales. En el escenario actual, llaman la atención dos acciones: por un lado, la contención del gasto proyectada por los alcaldes, que deberá incluir en todos los casos la reducción salarios de mandos medios y altos; por otra parte, los gobiernos municipales aprobarán su programa de obra pública, donde se define cuál será el desarrollo de infraestructura en su primer año de gobierno.
La definición presupuestal de los ayuntamientos, es tan importante como la publicitada difusión de sus bandos municipales. La disciplina financiera de los gobiernos locales esclarecerá también los pasivos que les fueron heredados. Ahí se puede advertir el grado de observaciones que harán los alcaldes a sus antecesores. La fecha límite para aprobar los presupuestos municipales vence el próximo 25 de febrero.
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Mañana sábado, la Fiscalía General de Justicia tendrá en sus manos el futuro de tres pobladores de San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, ante la posibilidad por desistirse de las acusaciones en su contra, y otorgarles su libertad inmediata. Imputados desde hace una década por la muerte de una persona, organismos pro derechos humanos han demostrado que las acusaciones resultan genéricas y sin sustento. La excarcelación es una exigencia social e institucional.
El Poder Judicial también tiene su grado de responsabilidad. Luego de once años en prisión, el órgano jurisdiccional deberá resolver el expediente con el tradicional “usted disculpe, nos equivocamos”. Es gravísimo e inaceptable que la administración de justicia se encuentre sujeta a la condición social, económica y hasta racial de las personas. La omisión o negligencia del Poder Judicial permitió que los habitantes de Tlanixco permanecieran más de una década de su vida en prisión. ¿Esos son los logros que presumió Sergio Medina Peñaloza el pasado miércoles?
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