Toluca, Edomex; 13 de
junio de 2025.- La decisión está tomada. El Instituto de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado de México desaparecerá en las próximas semanas. A
decir verdad, es que nadie lo extrañará en el ejercicio del poder público,
porque a lo largo del tiempo, tampoco se constituyó en el contrapeso frente a la
opacidad de los gobiernos estatal y municipales. Durante dos décadas, sirvió de
refugio para la clase política mexiquense; y un pernicioso reparto de cuotas
partidistas. Muy pronto perdió su esencia institucional por las componendas
políticas que todo lo impregnan y lo contaminan.
El ahorro presupuestal
está garantizado. Lo que preocupa es avanzar en el acceso a la información como
un derecho ciudadano. Y que los gobiernos, sin distingo partidista, tengan la
voluntad de transparentar todas sus acciones. El denominador común de todos los
entes públicos, incluidos los autónomos, es ocultar o burocratizar el acceso a
la información pública. La transparencia debiera ser un asunto de voluntad
política. Con la desaparición del Infoem, el acceso a la información quedará en
un asunto de fe, porque paso a paso, se pierden los contrapesos autónomos del
régimen político.
El morenismo mexiquense cumplirá
muy pronto con la agenda política nacional. La Secretaría de la Contraloría
(donde ahora se pugnará por la transparencia gubernamental) ha sido, hasta
ahora, una de las dependencias de menor trascendencia en dos años del régimen
morenista; lo que siembra más dudas que certezas. Cuando se anunciaba que se
iría contra actos de corrupción de los últimos dos sexenios priístas, fue más
fácil despedir al funcionario que llevaba las indagatorias, antes que proceder
contra los exservidores corruptos. Se ahorrarán recursos presupuestales, pero
se puede pagar un costo muy alto de opacidad.
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Morena ha volteado la
mirada hacia la renovación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem). Es ahí, en la defensa de las garantías individuales en donde
la izquierda progresista debiera tener una de sus banderas de mayor fortaleza.
La Codhem requiere de esa transformación prometida en el régimen morenista.
Dejar atrás el protagonismo, el boato y la frivolidad que durante los últimos
años ha privado en la institución. No puede haber vocación de servicio, cuando
se imponen barreras físicas y estructurales (hasta en los edificios que
resguardan sus oficinas) para enaltecer a las figuras de quienes ven en la Codhem
un trampolín personal o político.
El problema no es Myrna
García o antes Jorge Olvera. La Codhem es una institución que en los últimos
años ha resultado muy costosa, no sólo presupuestalmente, su mayor costo es el
político, porque ha extraviado el sentido de existencia. Los gobiernos han asumido
que la Codhem es un organismo que los premia y les aplaude, antes que estar
sujetos a su vigilancia o sus recomendaciones. Se espanta la oposición de que
se han perdido contrapesos en el gobierno, cuando ellos contribuyeron a borrar
a la defensa de los derechos humanos durante la última década. La elección de
la presidencia de la Codhem es oportunidad genuina para recuperar su responsabilidad
pública.
