Toluca, Edomex; 9 de
junio de 2025.- Concluido el conteo de votos de la elección judicial local,
vendrá una etapa altamente compleja para el Poder Judicial del Estado de
México. Tras la victoria de Héctor Macedo como primer presidente electo democráticamente,
deberá iniciarse un proceso de transición en el Poder Judicial, pero con la
entrada en funciones de nuevas figuras como el Tribunal de Disciplina Judicial.
Se trata de una etapa inédita, en la que se tendrá una oportunidad genuina de
modernización para un sistema de justicia anquilosado, y que fue la razón
fundamental para la reforma judicial en el país.
Ahora que los magistrados
y jueces han sido electos democráticamente, es momento de exigirles una mayor
rendición de cuentas. Durante décadas, el Poder Judicial ha gozado de la
opacidad de sus funciones y la prevalencia de privilegios de una burocracia
dorada. En la medida que se puedan romper los paradigmas de su manejo
discrecional y el culto a la personalidad de su presidencia en turno, se habrán
dado pasos gigantescos a mejorar el acceso a la justicia para la sociedad
mexiquense. No es solo un maquillaje discursivo.
Desde el Poder Ejecutivo,
se deberá construir una división de poderes que abone a la transformación del
régimen político. No sólo con cambiar las leyes es suficiente modificar la
realidad. Hace falta voluntad política, presupuesto público y un paulatino
cambio institucional. En gran medida, las áreas de oportunidad del Poder Judicial
están en las carencias estructurales y la insuficiencia de jueces para atender
y resolver los conflictos judiciales de 17 millones de mexiquenses. Las leyes sin
una asignación financiera, quedan en buenas intenciones.
Es cierto, el proceso
comicial no puede darse por concluido. Al igual que en elecciones tradicionales,
se avecina un periodo de impugnaciones sobre presuntas inconsistencias e irregularidades
de quienes han salido derrotados y ven todavía condiciones de revertir
resultados, o bien, simplemente dejar precedentes de su inconformidad con la
elección. Para los tribunales electorales deberá analizar y resolver
impugnaciones de una elección sin la participación de partidos políticos, y por
tanto, de una lluvia de inconformidades que pudiera ser abultada por la enorme cantidad
de candidaturas en competencia.
En la pirámide estructural
del Poder Judicial, quienes hayan resultado electos de los recientes comicios
judiciales, serán parte de ese cambio de régimen institucional. Jueces y magistrados
deberán ser parte del escrutinio público. No se trata de revisar una a una sus
sentencias ni de exponer su integridad personal. Se requiere asumir que la
división de poderes, no es un cheque en blanco para actuar desde el abuso de
poder. Y también, se trata de romper esquemas de corrupción, de negligencia o
de omisión que tanto han lastimado la credibilidad de las instituciones,
incluido el Poder Judicial de forma histórica.
Finalmente, ya que los
partidos políticos -en teoría- estuvieron ajenos a la elección judicial, es un
buen momento para que en el futuro inmediato, se deje de politizar la justicia,
o bien, de judicializar la política.
