Toluca, Edomex; 3 de octubre de 2025.- La protesta social es compleja cuando asume actos de iconoclasia. La salida fácil es criminalizar la protesta. La respuesta fallida es la represión policíaca. No hay derechos absolutos. El ejercicio de las libertades tiene límites. Pero el abuso de la fuerza pública puede derivar en excesos. Es ahí, donde los gobiernos afrontan dilemas políticos y consecuencias sociales. Sin distingos de partidos, sin filias y sin fobias. Lo ocurrido ayer en la marcha del 2 de octubre, en Toluca, es una nueva llamada de atención a reforzar los protocolos de seguridad pública.
Las fallas estructurales de las policías locales -estatales y municipales- no pueden revertirse en apenas unos meses. Lo cierto es que, casi nadie se ocupa de la capacitación real y sostenida de los policías en los municipios y el estado. Los procesos de reclutamiento no son estrictos. La rotación de personal tampoco permite tener cuerpos especializados. Las leyes les dotan cada vez de mayores responsabilidades, pero los recursos presupuestales no terminan por retribuirles. Y frente a la protesta social, relucen sus peores prácticas. No es un asunto exclusivo de Toluca, pero sí es la policía más expuesta, porque es en la capital del estado y sede de los poderes, donde la protesta es más constante.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que preside Víctor Delgado Pérez tiene frente a sí, el primer desafío para reivindicar su posición de organismo autónomo, pero además, como protector de los derechos humanos, no solamente de estudiantes, sino de reporteros y fotógrafos que también fueron agredidos, reprimidos y vulnerados. Aquí, es donde la Codhem debe demostrar sus capacidades y sus responsabilidades. No sólo se trata de un golpe mediático, sino de una atención a las víctimas y una vinculación sólida institucional con los gobiernos. Aquí no hay espacio para las componendas políticas del pasado.
¡Vaya paradoja! Muchos de los que criminalizaron la protesta estudiantil que mantiene vivas sus causas universitarias, a quienes pretendieron deslegitimar por vestir “encapuchados”, ayer subidos al barco de fustigar la represión policíaca para politizar una reyerta social. No se sabe qué hubiera pasado si la marcha hubiera transitado hacia Los Portales, pero la violencia es inaceptable desde todos los escenarios posibles: ni de los estudiantes, pero mucho menos de las fuerzas del estado. El monopolio de la fuerza pública es para salvaguardar la seguridad, pero nunca para reprimir el ejercicio de las libertades.
De la oposición, ni por asomo algún pronunciamiento. Porque no hay partido político o liderazgo opositor con la calidad moral para defender la libertad de expresión, cuando lo que fomentan son las relaciones públicas. Son en su mayoría, muy sensibles a la crítica periodística; a la reflexión aguda. La represión y la censura no sólo se aplica con un tolete, también con el bloqueo de redes sociales, las respuestas que incomodan, y otras tantas muestras de intolerancia política. Ahí, también hacen falta protocolos.
