Redacción
El gobierno del estado de México respaldó este lunes las reformas impulsadas por Nueva Alianza para castigar hasta con 10 años de cárcel a quien opere o trabaje un centro escolar sin contar con reconocimiento oficial.
El secretario de Educación, Raymundo Martínez Carbajal fue claro: “esas escuelas no deben funcionar” y recalcó que lejos de ayudar este tipo de planteles, en su mayoría creados por organizaciones sociales, vienen a complicar más las cosas a este sector.
Martínez Carbajal aseguró que el gobierno del estado cuenta con capacidad instalada para poder atender la demanda de educación en el nivel básico y media superior, por lo que no existe motivo alguno que justifique estas escuelas que actúan, dijo, al amparo de la ley.
Mientras el funcionario hacía estos señalamientos en la izquierda partidista se contemplaba hacer una solicitud al gobernador para que vetara estas modificaciones al Código Penal, pues mientras no se publiquen no pueden entrar en vigor, pero la postura del funcionario responsable de la educación era clara, “No se permitirá de ahora en adelante el funcionamiento de estos planteles”.
Se tiene la presunción de que son más de mil escuelas que operan en la entidad sin contar con reconocimiento oficial, aunque existen datos no oficiales que podrían alcanzar los 5 mil planteles, que se traduciría en una matrícula de más de 500 mil niños y adolescentes que serían afectados.
Pero Martínez Carbajal insistió que no habría tal afectación, porque el Estado garantiza un espacio en escuelas reconocidas a cada uno de esos niños. Incluso hizo un llamado a los padres de familias de estos niños a acercarse con la autoridad para poder ubicar a sus hijos en escuelas donde se sepa quiénes son los maestros, que planes de estudio se siguen, pero sobre todo, que se reconozcan los estudios que ahí se dan, y no como en los planteles que controlan las organizaciones sociales donde “expiden certificados falsos o sin validez, porque simplemente operan en la ilegalidad, y sin permiso”.
No sólo es absurdo, es ridículo el argumento que utilizan algunos grupos que se opusieron a la reforma de que buscamos criminalizar a líderes sociales que prestan los servicios educativos, dijo el secretario.
Lo que queremos es que ya no se mienta, que no se engañe a la gente con títulos falsos. Que quede claro el Estado es el único quien tiene la rectoría de la educación en México y en la entidad y esa es la premisa que buscamos cumplir, acotó.
Lamentó que en el pasado, los gobiernos estatales hayan cedido a las presiones de organizaciones sociales para que reconocieran escuelas o planteles, sólo por el hecho de manifestarse o iniciar un plantón. “Eso era y es incorrecto y ya no sucederá más”, sentenció.
En tanto, las movilizaciones en repudio a las reformas iniciaron este lunes con un plantón de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) quienes reclamaban el reconocimiento de al menos 8 planteles de preparatoria.
Aseguraron que fue el propio secretario General de Gobierno, Efrén Rojas Dávila, quien en mayo pasado se comprometió a regularizar estas escuelas para que siguieran operando, tal y como había gestionado antes unos planteles más que se ubican en municipios del oriente del estado.
