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Redacción

Distrito Federal. 21 de febrero de 2015.– Por desacato en sus funciones en el Ejército Mexicano, el coronel Raúl Castro Aparicio, excomandante del 102 Batallón de Infantería, involucrado en la masacre de Tlatlaya, estuvo arrestado durante ocho días por órdenes del secretario de la Defensa Nacional, antes de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Estado de México en junio del año pasado.

El semanario ZETA informó que la jueza séptimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, Martha Estrever Escamilla, declinó la competencia para conocer del juicio de garantías interpuesto por Castro Aparicio en favor de un juez de distrito en materia administrativa.

De acuerdo al expediente de amparo 1048/2014 consta que el coronel estuvo arrestado ocho días por desobediencia. El informe rendido por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda detalla que el 21 de octubre del año pasado (2013) impuso un correctivo disciplinario al ahora quejoso por “haber infringido los artículos 3°, 45 y 86 del Reglamento General de Deberes Militares”.

Caso Tlatlaya. Avanza indagatoria.
Caso Tlatlaya. Persisten las dudas. Foto Agencia MVT.

En tanto, el subdirector de la dirección general de Infantería confirmó el correctivo, tras reconocer que fue él quien comunicó la imposición de la medida al coronel Castro Aparicio.

“Al rendir su informe con justificación el Secretario de la Defensa Nacional y el Subdirector de la Dirección General de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, manifestaron que es cierto el acto que se les imputa”, expone el expediente de amparo promovido por el coronel Castro Aparicio.

En la resolución del trámite de amparo la autoridad jurisdiccional declina la competencia, en tanto que la juez Estrever Escamilla decretó el sobreseimiento del juicio de derechos fundamentales por lo que ve a los jueces militares y de la Procuraduría General de Justicia Militar.

El coronel Raúl Castro promovió un amparo donde reclama actos de incomunicación, intimidación, tortura, orden de aprehensión, arresto y privación ilegal de la libertad.

No obstante, las autoridades señaladas como responsables negaron la existencia de dichas acciones, mientras que el quejoso no ofreció pruebas para demostrar lo contrario.

En su oportunidad, el juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal aceptó la competencia del asunto para resolver sobre el correctivo disciplinario.

El excomandante del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio fue removido a otra unidad castrense tras la masacre ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio, en cuyos actos se ha acreditado que soldados privaron de la vida a 22 presuntos delincuentes, en algunos casos por fusilamiento.

Las indagatorias del caso han puesto de manifiesto que el coronel Castro Aparicio arribó al sitio de la matanza dos horas después de que inicialmente se reportó un enfrentamiento. Hasta ahora se desconoce si al implicado le resultará alguna acción penal por los hechos.

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