Redacción
Distrito Federal. 20 de enero de 2015.- El caso Tlatlaya, en donde militares asesinaron a 22 presuntos criminales, se trató de “una ejecución extrajudicial y homicidio calificado”, determinaron diputados federales en un informe preliminar para esclarecer los hechos ocurridos en el sur del Estado de México.
El grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados que indaga los hechos estableció puntos de “consenso” tras diversas reuniones con autoridades involucradas. Hasta el momento, ninguna instancia oficial ha entregado a los legisladores documentación sobre esos acontecimientos investigados.
En el documento denominado “preinforme”, los legisladores federales concluyen que “las acciones letales se pueden definir como ejecución extrajudicial en el ámbito de la violación de derechos humanos y como homicidio calificado en el ámbito penal”.
“Existe consenso de que hubo un uso ilegal, excesivo, desproporcionado de la fuerza y sin los instrumentos de grabación por parte de los elementos militares, en contravención al Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”, agregan las conclusiones preliminares del cuerpo legislativo.
El “preinforme” elaborado por legisladores federales, abre la posibilidad de que “los familiares de las 22 personas que fueron privadas de la vida pueden legal y legítimamente reclamar una reparación integral que corresponde en términos de la legislación penal, fiscal y demás aplicables”.
El documento preparado por los diputados federales, contempla que “la Sedena decidió dar de baja a los elementos del patrullaje del 102 Batallón de Infantería para trasladarlos a instalaciones centrales; se ejerció acción penal sin detenido contra presuntos responsables, y pidió se negara libertad bajo caución al conocerse que existía averiguación previa por parte de PGR. Los procesos por faltas contra la disciplina militar continúan sin menoscabo de los que desarrolla la jurisdicción civil”.
Respecto de la recomendación 21/2014 de la CNDH, al haber sido aceptada por parte de PGR, Sedena y gobierno mexiquense, significa que “el Estado reconoce la presencia de actos de tortura, intimidación y alteración de la escena del crimen cometidos por elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México”.
En los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México, se desprende que “el número víctimas de ejecución extrajudicial podría pasar de ocho a 15”.
“De acuerdo con las diferentes versiones, el número de víctimas de ejecución extrajudicial va desde ocho hasta 15; por tanto, las víctimas de un enfrentamiento armado podrían variar desde siete hasta 14”, agrega el “preinforme” legislativo.
Para la presidenta del grupo, la perredista Elena Tapia Fonllem por ahora no existe una conclusión definitiva, debido a que se alteró la escena de los hechos y se desplazaron los cadáveres “fuera de su posición original”.
La investigación hecha por los legisladores federales, apunta que “algunas de las víctimas habrían sido secuestradas y, mediante coacción, se les habría llevado a formar parte de un grupo delictivo y estar con ellos al momento del presunto enfrentamiento con elementos del Ejército”.
Sin embargo, “no se ha podido comprobar que entre los varones asesinados en los hechos existían víctimas de secuestro, pero familiares señalan que ocho de ellos habían sido objeto de amenazas, de coacción o de privación ilegal de la libertad antes de comenzar la comisión de presuntos actos delictivos, por lo que presuntamente habrían podido formar parte de una organización criminal en condiciones de explotación y coacción”.
Otra de las dudas que persiste en el caso Tlatlaya corresponde a la línea de mando que en su momento siguieron los militares para cometer las ejecuciones, y es que no hay certeza “sobre la cadena de mando entre el comandante de la 22 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional y el sargento responsable directo del operativo, ni con elementos que permitan establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los ocho elementos que realizaban el patrullaje”.
La falta de información oficial no permite desarrollar cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió un patrullaje militar con ocho elementos, cuando lo reglamentario y habitual es que lo integren al menos 12 efectivos.
“Existe una línea de investigación diversa, que ubica la autoría intelectual de los hechos en otras personas civiles ajenas al grupo de militares, por lo que la cadena de mando no habría estado implicada en la autorización o en la orden de cometer los homicidios”, detalla el documento del grupo de trabajo legislativo.
Además de señalar que “no hay coincidencia en el tiempo transcurrido entre el fin del enfrentamiento y el ingreso de elementos militares a la bodega. Tampoco si quienes entraron en ese momento, tras la rendición, fueron tres o cinco militares”.
