Ricardo Moreno*
Desde hace varios meses hemos visto cómo diversos actores políticos buscan posicionarse en el electorado con propaganda en la que resaltan su nombre, sus rostros y alguna que otra frase dominguera aparentando que se trata de entrevistas o portadas de revistas y, que son precisamente los medios de comunicación, los que pagan esas campañas desplegadas en cientos de espectaculares en toda la geografía estatal aparentando una campaña publicitaria de los medios de comunicación y no de las personas.
Muchos piensan que se trata de actos anticipados de campaña; sin embargo esto no es así. Los actos de campaña se definen legalmente como mítines, reuniones, marchas y otras actividades no impresas que tienen como objetivo llamar a votar, promover abiertamente una candidatura, un programa o a un partido o, bien, descalificar a otros.
El acto de precampaña desde mi particular punto de vista está determinado por la temporalidad. Es decir, en una sociedad democrática todo mundo tendríamos derecho a llevar a cabo actos de posicionamiento de nuestro ideario, de legítima protesta y de propuesta de solución a la problemática social sin restricción alguna más que cuando inicia formalmente el proceso electoral, pues de lo contrario, se fomentaría solo la presencia entre la población de las burocracias partidarias y de los funcionarios públicos violentando los derechos de libre manifestación de las ideas, reunión y asociación que son esenciales en cualquier sociedad democrática.
Ahora bien, la propaganda política y la exposición mediática de los funcionarios públicos guarda otra connotación. Pues se trata de activos de origen gubernamental que incluyen no solo los recursos económicos invertidos sino también los recursos que invierte el estado en los propios servidores públicos como sus salarios.
La propaganda gubernamental y de los servidores públicos tiene restricciones constitucionales debido a la prohibición expresa señalada en el artículo 134 constitucional que en esencia dispone que los servidores públicos de cualquiera de los órdenes de gobierno tienen prohibido promoverse bajo cualquier modalidad de comunicación social incluidos su nombre, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada.
Esta disposición pretende que el servidor público no utilice los recursos a su cargo para promoverse ante la ciudadanía, pues esto supondría la desviación de los recursos públicos en beneficio propio y constituiría, además de una falta electoral, el delito de peculado.
Sin embargo, la autoridad electoral debe develar cuál es el origen de los recursos que se están utilizando en el despliegue publicitario que se está llevando a cabo por toda la geografía estatal. Sería sano que las denuncias que se han presentado ante la autoridad electoral no sean desechadas bajo el argumento baladí de que no ha iniciado el proceso electoral. No, se trata de que la autoridad investigue de dónde provienen los recursos para la realización de esas campañas.
Se trata de conocer si efectivamente los diarios y revistas han erogado de sus cuentas el pago de esos espectaculares y, de no ser así, dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y al INE para aplicar una sanción ejemplar “in culpa vigilando” a los partidos de origen de estos personajes por violaciones a las disposiciones sobre financiamiento de los partidos.
Si esta presunción es cierta solamente hay dos caminos que podrían llegar a evitar la sanción. O los funcionarios han sacado de su bolsa los recursos para pagar ese millonario despliegue publicitario que supera sus ingresos por la función pública o, por el contrario, han recibido aportaciones por fuera de las autorizadas por los partidos lo que supondría, también, la comisión de un posible delito de lavado de dinero o la utilización de recursos de procedencia ilícita. En cualquier caso bien valdría que las autoridades pusieran manos a la obra.
El proceso electoral legalmente inicia en enero próximo, sin embargo las campañas de posicionamiento están a todo vapor. Como siempre la autoridad brilla por su ausencia y creo que lo hace premeditadamente. Hace 6 años exactamente esa misma autoridad era solícita para verificar todas y cada una de las reuniones que llevaba a cabo la maestra Delfina Gómez y hoy, agacha la cabeza cuál avestruz y se niega, incluso, a certificar espectaculares. Así son. Autoridades de contentillo.
* Ha sido diputado federal y local. Se ha desempeñado como representante de MORENA ante el instituto electoral del Estado de México. Fue secretario del Ayuntamiento de Toluca de 2019 a 2020.
Twitter: @rimoba
