Redacción
Toluca, Edomex; 9 de julio de 2019.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), emitió un pronunciamiento en el que hace un enérgico llamado a evaluar la situación de la libertad de prensa en la entidad, ante un incremento en la cantidad y frecuencia de agresiones cometidas en contra de las y los periodistas en el territorio estatal.
El organismo defensor de derechos humanos afirmó que las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de proteger, defender y garantizar que la labor de los representantes de los medios de comunicación sea realizada en condiciones de absoluto respeto y seguridad.
“Es deber de todas y cada una de las autoridades estatales y municipales del Estado de México garantizar el ejercicio efectivo de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del derecho al trabajo de periodistas y comunicadores. Si las instituciones gubernamentales no son capaces de garantizar esto, están vulnerando el Estado democrático”, precisó.
Expuso que garantizar condiciones óptimas para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa, compete a los poderes públicos, organismos defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, y a cada ciudadano y ciudadana que también reclama su derecho de acceso a la información.
La Codhem informó que desde la creación de la visitaduría adjunta de atención a periodistas y comunicadores, se han abierto 23 expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos. En lo que va de 2019 se han presentado 16, y tan sólo en los meses de junio y julio del presente año se han iniciado ocho por diversos motivos.
La Codhem abundó que las acciones de prevención deben estar dirigidas a atacar las causas de la violencia contra las personas que ejercen el periodismo, por lo que el Estado debe reconocer la legitimidad y el valor de la labor periodística, por tanto, las autoridades locales tienen la obligación de condenar enérgicamente las agresiones en contra de dicho sector.
Destacó que la procuración y administración de justicia deben garantizar la diligencia en la investigación, persecución y sanción de todas las personas responsables relacionadas con agresiones hacia periodistas y comunicadores, evitando generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales.
Insistió en la labor de prevención se debe capacitar a los elementos policíacos sobre el respeto al trabajo de quienes ejercen dicha actividad y adoptar mecanismos de prevención adecuados para evitar la violencia.
