Redacción
Toluca, Edomex 27 de octubre del 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puntualizó que en la investigación que se instrumentó para desactivar las redes de huachicol de agua y lucro ilegal del líquido en zonas donde se carece del servicio, ha permitido detectar que diversas organizaciones no sólo extraían de tomas clandestinas el recurso, sino que éste no era potabilizado para su posterior comercialización, sino sólo clorado, lo que lo que podía causar afectaciones salubres a la población.
La Fiscalía ha identificado cadenas de comercio ilícito de agua que utilizaban pozos sin autorización alguna, o con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobre explotación, además de que se detectaron redes ilícitas de donde se hurtaba el líquido y posteriormente era distribuido y comercializado “con tarifas abusivas sin que los recursos fueran incorporados al erario público o a algún organismo administrador.
El Ministerio Público que lleva a cabo la indagatoria ha confirmado que la comercialización del agua en zonas donde no había suministro regular del líquido, era vendido en cuotas excesivas, pues mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por pipa, es decir, por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada con sobre costo del 59 por ciento; en Cuautitlán con 41.4 por ciento; en Tlalnepantla con 32.42 por ciento por arriba de su precio regular y en Toluca con casi 10 por ciento más, porcentajes que se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía.
“Las pesquisas también establecieron que, el agua extraída de los pozos clandestinos no era procesada para potabilizarla, sólo la cloraban lo que podía causar afectaciones salubres a la población, en tanto que, para la distribución, a través de prácticas de acaparamiento, utilizaban pipas de diferentes capacidades, incluso tipo tráiler denominadas “salchichas”, sin que contaran con los permisos obligatorios. Además, la ciudadanía era obligada a comprar el líquido solamente a los transportistas agremiados a alguna organización, para lo cual identificaban sus transportes con logotipos y calcomanías”.
Se pudo establecer que las acciones referidas eran llevadas a cabo por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, como los autodenominados Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, “USON”; Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “ACME”; “Los 300” y/o “Unión 300”; “Libertad”; “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”, entre otros, así como comisariados ejidales, particulares o en complicidad con autoridades.
La mayoría de estas organizaciones están vinculadas al ex alcalde de Ecatepec , Fernando Vilchis Contreras, hoy diputado federal por el PT.
A decir de la Fiscalía, toda esta serie de ilícitos y abusos que se cometían con la sobre explotación de pozos, extracción ilegal del agua, y la comercialización abusiva del recursos, son hechos que se pueden constituir como delitos tipificados en el Código Penal del Estado de México, que establece que las principales conductas asociadas a estos ilícitos consisten en la extracción, distribución, suministro y comercialización de agua potable sin la autorización legal correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido. Adicionalmente fueron identificadas prácticas extorsivas, de acaparamiento, despojo de agua, robo, encubrimiento y abuso de autoridad.
En el operativo del viernes pasado, en 48 municipios, se pudo intervenir 189 inmuebles a través de 142 cateos y 47 inspecciones y en estos lugares fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas. Fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos y fueron detenidos siete sujetos en flagrancia, dos de ellos por su probable participación en el delito contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, dos más por portación de arma prohibida, dos por delitos contra el servicio público y distribución del agua, y un sujeto por ataque peligroso y portación de arma prohibida, quien habría accionado un arma de fuego para evitar la inspección de un inmueble en el municipio de Lerma.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México está recabando todos los elementos de prueba necesarios para ejercitar acción penal en contra de diversos objetivos identificados como integrantes relevantes de organizaciones sociales que operan bajo la fachada de sindicatos, así como de servidores públicos y particulares, por su probable intervención en los hechos constitutivos de delito que dieron origen a la Operación “Caudal”.
