Redacción
Ciudad de México. 20 de octubre del 2016.- Un estudio elaborado por la organización México Evalúa y expertos del CIDE, comprobó que los jueces del Estado de México han validado pruebas presentadas por el ministerio público, obtenidas a través de tortura o tratos crueles de los agentes policiacos, aun cuando los partes de los médicos legistas advierten ese tipo de abusos.
El estudio denominado «¿Cómo se juzga en el Estado de México?», analizó mil 145 expedientes judiciales del Estado de México, donde se encontró que en al menos 18 por ciento de los casos, los médicos legistas certificaron lesiones derivados de torturas o tratos crueles de la policía para obtener confesiones.
Esto significa que en 206 expedientes, los médicos legistas acreditan lesiones de los detenidos producidas por los agentes ministeriales y a pesar de ello, los jueces que conocieron las causas penales ignoraron los reportes médicos y mucho menos pidieron que se realizara investigación alguna contra los elementos ministeriales.
El estudio señala que los jueces casi siempre validaron la actuación de los policías ministeriales a pesar de los abusos. Y solo el 2.6 por ciento de los casos, el juez excluyó pruebas por considerarlas ilegales, al ser obtenidas mediante tortura.
En mayo pasado, la plataforma MexicoLeaks difundió un video donde se evidencia a presuntos elementos de la Procuraduría General del Estado de México torturando a un presunto delincuente acusado de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo, detenido en abril de 2014.
En el video se exhibe al detenido siendo asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza mientras es sometido por varios agentes judiciales. Nunca se supo si se castigó a los responsables del abuso, pero se confirmó que la víctima de estos tratos crueles permanecía en la cárcel acusado de secuestro.
Los investigadores Gustavo Fondevilla y Máximo Langer calificaron que el sistema de justicia que se imparte en el estado de México sigue siendo «corrupto», «secreto» e «inquisitivo», aun cuando ya se instituyó desde hace siete años el nuevo sistema de justicia penal oral.